Por Jorge Raventos
El llamado “tractorazo” del campo que ayer llegó a la Plaza de Mayo, acompañado por una extendida procesión de descontentos urbanos fue desdeñado por el gobierno nacional, que lo caracterizó como una manifestación motorizada por la oposición política. Donde había tractores solo quiso ver detractores.

Que la oposición alentaría y buscaría capitalizar esa marcha era algo obvio. Sería en cambio un error invertir el orden de los factores: el impulso a la protesta no provino de la oposición que puede eventualmente aprovecharla, sino más bien del gobierno.

Extremadamente concentrado en los conflictos internos del oficialismo -que no acierta a resolver- , el gobierno pierde a menudo de vista partes decisivas de la realidad.

El anuncio de un conjetural impuesto a “la renta inesperada”, con el que el ministro de Economía intentó explicar que las millonarias ayudas decretadas para compensar a desocupados, monotributistas de baja categoría y jubilados por el fuerte salto de los precios del primer trimestre no incrementarán el déficit fiscal, lo que consiguió, antes de que siquiera exista un borrador consistente, es que reaccionen todos los contribuyentes que se sienten exprimidos por el Estado. En primer lugar, el campo que nunca se resignó a las retenciones y que se consideró aludido en virtud del fuerte incremento de los precios internacionales de los granos. El que se quemó con leche, cuando ve una vaca llora.

Desde la Casa Rosada hubo comentarios banales (“Protestan por las dudas”) o constataciones que no respondían a la inquietud generada (“Al campo le está yendo bien”) y solo el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, se esforzó por tranquilizar con datos: explicó que el imaginado impuesto “no se aplicará a la producción rural”.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, había adelantado que el gravamen imaginado solo recaería sobre un porcentaje mínimo de grandes empresas con ganancias superiores a los 1.000 millones de pesos y que no dedicaran una parte importante de esas utilidades a la inversión.

Lo cierto es que se propaló un impuesto que todavía no está diseñado antes de consultar a los sectores de la producción y antes de buscar sustentación política y parlamentaria y con eso se dio pie a la reacción de un amplio espectro de la sociedad que está sensibilizado y crecientemente descontento con todo lo que emana de los gobiernos (cualquiera sea su jerarquía) y la política. Aunque pueda ser cierto que no hay riesgo de una “nueva 125”, en una atmósfera tan volátil es preferible no jugar fuego.

La interna y la realidad

Hay quienes aseguran que el recurso al gravamen fue un nuevo intento de Guzmán y del Presidente destinado a tranquilizar al retobado sector K, liderado por la vicepresidenta, que jaquea con sus críticas a Fernández y al ministro y los pintan como inclinados hacia el FMI y los sectores del poder económico. En realidad, ese sector, que se opuso abiertamente al acuerdo con el Fondo, parece decidido a golpear al gobierno para que cambie el rumbo. O, lisa y llanamente, para que cambie.

El círculo más estrecho del albertismo ruega que Fernández reaccione frente a esos ataques pero acompaña resignadamente las dudas hamletianas del Presidente. Quisieran que él “se ponga los pantalones” pero todavía admiten que hay espacio para evitar una ruptura con el cristinocamporismo.

Fernández y sus colaboradores más incondicionales parecen convencidos de que pueden avanzar en las cuestiones más acuciantes (la inflación, ante todo) apostando a una mejora en la gestión. El anuncio que hicieron juntos el Presidente y Guzmán (mejoras en los ingresos de jubilados, desocupados, monotributistas) y que daría lugar a las extemporáneas referencias al gravamen a las ganancias inesperadas, apunta en esa dirección: recuperar espacio con medidas de gobierno. Espacio social y también espacio frente a al adversario interno.

Pero la inflación, que experimentó un saltó considerable de marzo a abril, no parece tanto un tema de gestión como uno de confianza (si se quiere, de desconfianza). Los economistas más reconocidos por el establishment admiten que Guzmán ha contenido significativamente tanto el déficit fiscal como la emisión (es decir lo que lo que la ortodoxia habitualmente señala como causas principales del fenómeno); sin embargo, la inflación ha crecido y sigue haciéndolo. La anémica moneda nacional se sigue devaluando porque los argentinos no confían en ella.

En el caso argentino evidentemente no se aplica aquella frase de Bill Clinton dirigida a su antecesor y competidor electoral, George W. Busch (“Es la economía estúpido”), sino más bien “es la política”, “es la desconfianza política”. El centro de esa desconfianza reside precisamente en el vaciamiento de la autoridad presidencial y en la ostensible (y extendida) dificultad de Fernández para poner orden en su gobierno, al que llegó apalancado por la señora de Kirchner. Fernández no leyó (u olvidó) a Goethe: “Lo que te ha sido dado, conquístalo para poseerlo”.

La picardía maquilla el repliegue

La batalla que libra obstinadamente el núcleo K contra la Corte Suprema suma a la dispersión que exhibe el sistema político (gobierno y tambuién oposición) y provoca nuevas repercusiones sobre el mismo oficialismo. Aunque muchos comentaristas eligen remarcar que la sorpresiva división del bloque de senadores del Frente de Todos fue “una picardía de la vicepresidenta” destinada a apropiarse de un asiento en el Consejo de la Magistratura birlándoselo a Juntos por el Cambio, es quizás más interesante reparar en el hecho de que la señora de Kirchner recurre a esos imaginativos golpes tácticos para disimular los repliegues a los que su progresivo debilitamiento político la obliga.

Dos años atrás, su selección de Alberto Fernández como candidato del Frente de Todos estuvo determinada por la comprensión del rechazo que su propia candidatura presidencial despertaba en las fuerzas principales del peronismo (gobernadores, organizaciones sindicales y movimientos sociales). Dos años después, la propia autora de la jugada y sus seguidores intentan infructuosamente corregir ese artefacto, que no funciona y no tiene garantía de reparación.

Ahora, después de iniciar una batalla frontal contra la Corte que, llevada hasta sus últimas consecuencias, amenazaba con un grave conflicto de poderes, la vice se resignó a la reforma del Consejo de la Magistratura impulsada por el Tribunal Superior, y se conformó con arrebatarle un consejero a la oposición (lo que la vocera de Fernández, Gabriela Carruti, caracterizó como “trampa a la política, trampa a la democracia”, al señalar que la oposición hace lo mismo pero “con cobertura mediática”).

Lo cierto es que esa maniobra fue un movimiento de repliegue de la vice y respondió a la comprensión de que ni los gobernadores ni el Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, estaban dispuestos a acompañar la guerra contra la Corte a que ella invitaba como tampoco una desobediencia a sus fallos (así todos tengan opiniones críticas sobre la movida de los Altos Jueces).

El Jefe de Gabinete, Juan Manzur, lo explicó con suficiente claridad: “La decisión que tomó nuestro bloque dentro del Senado tiene que ver con una decisión del máximo tribunal de avanzar en un fallo en el cual no estamos de acuerdo, por eso la decisión correcta de nuestro bloque de avanzar en el marco de esta decisión que se ha tomado”, dijo el tucumano. “En el marco de esta decisión”, supone el acatamiento del “fallo en el cual no estamos de acuerdo”.
Massa se ocupó personalmente de desmarcarse de las eventuales desobediencias al aceptar como representante del Cuerpo designada ante el Consejo a una diputada de la oposición.

La Casa Rosada, entre tanto, había decidido balconear el conflicto con el alto tribunal, argumentando que se trataba, en todo caso, de una cinchada entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial.
La picardía de CFK, para considerarse exitosa, tendrá que pasar el cedazo de la Corte Suprema, ya que el tema -como tantos otros- se ha judicializado y terminará en el tribunal superior.

Este tironeo, que seguirá apasionando a cierta prensa más interesada en el vodevil que en la política, es otra muestra de disgregación política y si en algo influye sobre la inflación que preocupa a la mayoría de los argentinos es en que la estimula.

El gobierno, que no termina de comprender que su fragilidad reside en la desconfianza y la anemia del poder presidencial (o pretende remediarlas con peregrinas promesas reeleccionistas proyectadas a 2023) tendrá más bien que sostenerse los meses que le quedan tomando decisiones antes que postergándolas. De lo contrario será víctima principal del vacío. A su manera, la señora de Kirchner le advirtió que eso ocurre “si no se hacen las cosas que hay que hacer”.