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El País 5 de enero de 2026

Ajuste y minería: el Estado abandona YMAD y modifica una ley vigente desde 1958

El Gobierno justificó la decisión por razones fiscales y eliminó su participación en la administración de la empresa.

El Poder Ejecutivo dispuso la salida definitiva del Estado Nacional de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), la empresa que explota el yacimiento Bajo de la Alumbrera. A partir de la decisión, la firma quedará integrada en un 60% por la provincia de Catamarca y en un 40% por la Universidad Nacional de Tucumán (UNT).

El retiro se formalizó mediante el Decreto 2/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial. La norma aprueba el acuerdo firmado el 15 de diciembre de 2025 entre la Nación, Catamarca y la UNT, y modifica la Ley N° 14.771 para adecuarla a la nueva estructura institucional.

Con el nuevo esquema, Catamarca pasará a designar al presidente del directorio y a dos vocales, mientras que la Universidad Nacional de Tucumán nombrará a los otros dos miembros. Hasta ahora, la presidencia del directorio era una atribución del Poder Ejecutivo Nacional.

El decreto establece además que YMAD se regirá por el derecho privado en sus relaciones con terceros y podrá acceder a créditos bancarios para financiar sus operaciones. Las partes también podrán acordar en el futuro la incorporación de nuevos integrantes o la transferencia de participaciones.

En los considerandos, el Gobierno justificó la decisión como parte de su política de reducción del déficit fiscal y de achicamiento del Estado. Señaló que, si bien la Nación no participaba en la distribución de utilidades de la mina, conservaba la posibilidad de realizar aportes financieros, lo que implicaba un riesgo potencial para el Tesoro.

El texto oficial sostiene que los objetivos que dieron origen a la empresa en 1958 se consideran cumplidos. En ese marco, YMAD deberá aprobar un nuevo estatuto en un plazo de 180 días corridos.

Una vez adoptado el nuevo estatuto, quedarán derogados los artículos de la ley original que habilitaban la intervención directa del Estado Nacional en la administración y el control de los yacimientos.