Todos los entretelones de lo que es noticia en Mar del Plata.
Cena especial en el Club Náutico para celebrar los 101 años de la institución. Hubo anuncios, concurrida presencia de dirigentes deportivos, políticos y hasta judiciales, distribuidos en mesas de charlas distendidas. En una de ellas se trataba un tema sensible: la causa por contaminación del Puerto que lleva más de 20 años. Una investigación que se inició en 2002 y acumuló denuncias por vertidos industriales, barcos hundidos y olores en la zona portuaria. Se recordaba la decisión de la Cámara de Casación tras la revisión de un acuerdo que buscaba cerrar uno de sus tramos más avanzados y se apuntaba que el expediente original se abrió en 2002 a partir de una denuncia por la presencia de buques abandonados y hundidos sin tareas previas de descontaminación, con potencial impacto sobre el agua y la navegación. A partir de allí, la investigación se amplió y terminó incorporando distintos focos de contaminación vinculados a la actividad portuaria. Entre ellos, se incluyeron el vertido de hidrocarburos desde embarcaciones, la descarga de residuos industriales en el espejo de agua y las emanaciones gaseosas provenientes de plantas de procesamiento de harina de pescado.
Como se reflejara en distintas crónicas periodísticas, a lo largo de la instrucción se realizaron múltiples pericias sobre el agua del puerto. Informes técnicos oficiales detectaron la presencia de aceites, grasas y materia orgánica, y concluyeron que el origen de esos contaminantes era principalmente antropogénico, es decir, derivado de actividades humanas vinculadas al sector pesquero. También se registraron prácticas con potencial impacto ambiental, como el vertido de líquidos desde embarcaciones, residuos de tareas de reparación naval y descargas provenientes de instalaciones industriales. En ese contexto, los investigadores señalaron además la falta de infraestructura adecuada para el tratamiento de ciertos residuos, como los líquidos de sentina de los barcos, lo que contribuiría a la acumulación de contaminantes en el área portuaria. Con el paso de los años, la causa fue acumulando expedientes conexos y nuevas denuncias, lo que derivó en una investigación de alta complejidad.
“El dictamen más reciente del Ministerio Público Fiscal, firmado por el fiscal federal Santiago Eyherabide junto al auxiliar fiscal Agustín Roldán, advierte sobre la necesidad de ordenar las distintas líneas de investigación y precisar los hechos para avanzar en la determinación de responsabilidades”, ilustraba empresario pesquero. Incluso, años atrás, el entonces fiscal general federal Daniel Adler había impulsado actuaciones vinculadas a la posible contaminación del aire por emanaciones industriales en la zona portuaria. Entre los ejes analizados figuran tanto la posible contaminación del agua y del aire como la eventual responsabilidad de funcionarios públicos por presuntas fallas en los controles. Uno de los expedientes vinculados avanzó hasta la instancia de juicio oral. Se trata del caso relacionado con el vertido de efluentes industriales desde una planta de procesamiento de pescado hacia el mar, ocurrido en 2016. Por ese hecho, varios responsables de la firma involucrada fueron procesados por presunta infracción a la ley de residuos peligrosos, en una causa que luego fue elevada a juicio.
Sin embargo, cabe recordarlo, en 2024 el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata homologó una propuesta de reparación integral presentada por la defensa, que incluía una compensación económica destinada a obras en el ámbito portuario y la implementación de mejoras en los procesos productivos. Esa decisión fue cuestionada por la parte querellante, que planteó que la reparación no resultaba suficiente para compensar el daño ambiental ni garantizaba que los hechos no se repitieran. Así, en julio del año pasado, la Cámara Federal de Casación Penal habilitó la revisión del acuerdo. La decisión quedó en manos de la Sala IV del máximo tribunal penal, integrada por los jueces Mariano Hernán Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Marcelo Hornos. Entre los cuestionamientos, se señaló la falta de estudios ambientales integrales, la ausencia de ciertas autorizaciones y la insuficiencia de los sistemas de tratamiento implementados, que —según la impugnación— no eliminarían completamente la carga contaminante. Por su parte, la defensa sostuvo que se realizaron inversiones significativas para mejorar el funcionamiento de la planta y reducir el impacto ambiental, además de contar con evaluaciones técnicas favorables. Con la intervención de Casación, el acuerdo quedó bajo análisis y el cierre de ese tramo de la causa permanece en discusión.
En paralelo, la causa principal continúa abierta en otros aspectos vinculados a la contaminación del puerto, en una investigación que, a más de 20 años de su inicio, sigue sin una resolución definitiva en todos sus frentes. El caso combina denuncias históricas, evidencia técnica acumulada y debates jurídicos sobre la forma de abordar el daño ambiental, en un escenario que mantiene vigencia para la actividad portuaria y su impacto en la ciudad. “Por otra parte -le contaba al periodista un más que informado dirigente sindical- se está trabajando esta vez intensamente para eliminar el tema del olor del Puerto producto de las harineras. Llegó la hora de terminar con este tema. Esto no sucede en otros puertos del mundo. Soluciones hay: habrá que meter manos a la obra, y al bolsillo”, ironizó finalmente.
A propósito de justicia, no fue sorpresa. Fue confirmación. La destitución del juez Mariano José Riva en el Jurado de Enjuiciamiento no cayó como un rayo en Mar del Plata. Más bien cerró un expediente que, en voz baja, ya estaba escrito hace años en los pasillos del fuero laboral. Porque lo que la sentencia ordena en casi 80 páginas —gritos, humillaciones, violencia, sexualización, miedo— no es nuevo para quienes orbitan tribunales. Es, en todo caso, la primera vez que ese relato deja de circular en susurros y se convierte en verdad institucional. Y eso, en el Poder Judicial, es un salto enorme. Con un dato político que no pasa desapercibido: en el jury participó el legislador marplatense Diego Garciarena, uno de los integrantes que tuvo en sus manos la resolución final del caso.
Hay una tentación cómoda: reducir todo a un personaje. El juez que gritaba, el que se desbordaba, el que cruzaba todos los límites. Pero el fallo, leído entre líneas, abre otra pregunta más incómoda: ¿cómo hizo Riva para sostenerse tanto tiempo? Porque los testimonios hablan de una situación extendida desde el inicio del tribunal. Años de conflictos, licencias psiquiátricas, renuncias, traslados en cadena, intervención sindical, comentarios que ya eran “folklore” en el fuero. Nada de eso es invisible para la estructura judicial. La Corte bonaerense, la Procuración, los órganos de control… todos, en algún momento, tuvieron piezas de este rompecabezas. El punto es que recién ahora se armó completo. Uno de los ejes más pesados del fallo no está en los insultos —que son muchos y brutales— sino en el clima. Un tribunal donde pedir licencia era un problema, sindicalizarse era peligroso, equivocarse implicaba exposición pública y hablar podía costar la carrera no es un exceso: es un sistema.
Y ahí aparece una palabra que en tribunales incomoda: disciplinamiento. El caso también deja ver otra capa, la de las internas. Testimonios que hablan de alineamientos, tensiones entre jueces, funcionarios que quedaban en el medio, decisiones de carrera cruzadas por lealtades. Nada demasiado ajeno a la lógica judicial, pero acá potenciado por un liderazgo desbordado. En ese contexto, Riva no solo era un problema hacia abajo, con empleados, sino también hacia los costados, con colegas, y hacia afuera, con abogados. Un factor de conflicto permanente. El mensaje del Jurado fue claro y tiene destinatario interno: no alcanza con sacar sentencias, no alcanza con productividad, no alcanza con “así se trabaja acá”. La vara se corrió. Y eso impacta directo en una cultura judicial donde históricamente se toleraron formas de conducción duras —cuando no abusivas— en nombre de la eficacia.
Después del fallo, hay más de uno en tribunales que empezó a mirar para los costados. No porque haya muchos “casos Riva” en términos de gravedad extrema, pero sí porque el estándar cambió. Lo que antes era “carácter fuerte” hoy puede ser leído como maltrato; lo que era “orden”, como hostigamiento; lo que era “verticalismo”, como abuso. Hay un dato que inquieta y que aparece casi al pasar, pero que dice todo: el clima mejoró cuando Riva dejó de estar. Simple, directo, demoledor. Porque transforma lo discutible en verificable. El caso Riva no termina con una destitución. Empieza ahora, con sus efectos. En Mar del Plata, en La Plata y en todo el sistema judicial bonaerense, queda flotando una pregunta que nadie formula en voz alta pero todos entienden: ¿cuántas historias más están esperando dejar de ser pasillo para convertirse en expediente?
El Gobierno cerró marzo con una buena noticia que llegó desde afuera, como suelen llegar las buenas noticias cuando escasean las propias: la Justicia de Estados Unidos alivió el peso del caso YPF y, por un rato, en la Casa Rosada se respiró. Pero fue eso: un rato. Porque puertas adentro el clima sigue cargado. Y no por la oposición, ni por el Congreso, ni siquiera por la calle. El ruido, esta vez, viene de adentro, reconocía un ex funcionario del gobierno, de paso este fin de semana por Mar del Plata para participar de la fiesta de cumpleaños de un familiar. El caso de Manuel Adorni se transformó en algo más incómodo de lo que el oficialismo esperaba. No por la gravedad institucional del tema —que está lejos de serlo— sino por su persistencia. En política, lo que no se cierra rápido, queda abierto. Y lo abierto, se pudre. Adorni ya no es solo un funcionario bajo sospecha mediática: es un problema de gestión. Cada explicación que no termina de cerrar alarga la historia. Y cada día que pasa, el Gobierno queda a la defensiva en un terreno donde se siente fuerte: el relato.
Lo curioso es que nadie lo dice en voz alta, pero varios empiezan a actuar en consecuencia. Sectores que orbitan cerca del poder real —donde se toman las decisiones de verdad— empezaron a empujarlo a escena. Más conferencias, más exposición, más protagonismo. La lógica es simple: saturar para diluir. Pero esa receta tiene un riesgo conocido. Si la figura no logra revertir la percepción, la sobreexposición no limpia: erosiona. Mientras tanto, en el subsuelo del oficialismo se mueven otras placas tectónicas. Las diferencias que ya habían asomado por la estrategia electoral del año pasado no desaparecieron: apenas se ordenaron. Y en ese esquema, cada debilidad se vuelve una oportunidad. Afuera, el Gobierno mira de reojo el precio del petróleo y la posibilidad de que la inflación vuelva a moverse. Es, probablemente, el único frente donde no hay margen para errores. Porque si algo sostiene hoy a la gestión es esa frágil sensación de estabilidad.
Y más abajo todavía, casi fuera de radar pero no del todo, la calle empieza a reorganizarse. Movimientos sociales que estaban dispersos vuelven a encontrarse alrededor de una consigna común. Nada que no haya pasado antes. Pero tampoco nada que convenga subestimar. Así, el tablero se completa: un alivio judicial que compra tiempo, un frente interno que incomoda, una economía que exige precisión quirúrgica y una calle que amenaza con recalentar. En la Casa Rosada repiten que “es un tema cerrado”. En política, sin embargo, los temas no se cierran cuando se dicen cerrados. Se cierran cuando dejan de existir. Y este, por ahora, sigue ahí, admitía el hombre que conoce desde adentro la cocina del poder.