Como parte de la investigación que se le sigue al exjefe departamental comisario mayor José Luis Segovia acusado de ser líder de una asociación ilícita mixta que recaudaba dinero de la venta ilegal de divisas, en la tarde de este viernes se allanó una caja de seguridad de su propiedad y estaba vacía.

La medida fue solicitada por el fiscal Marcos Pagella luego de que se advirtiera movimientos en la caja de seguridad que Segovia y su familia tenían en la firma “Seguridad Frotress”. Según explicaron las fuentes, un familiar directo de Segovia realizó una extracción el pasado 13 de mayo, poco después de que se levantara la incomunicación, lo que motivó a la fiscalía general a pedirle a la Justicia de Garantías el acceso total y también el levantamiento del secreto bancario. Ambas solicitudes fueron respondidas positivamente por el juez Daniel De Marco.

Según trascendió, el personal que allanó la caja de seguridad ubicada en Sarmiento al 2600 la encontró vacía. En el allanamiento a la casa el 8 de mayo la Justicia se hizo de escrituras, algunos contratos particulares, una suma de en dólares no informada y también una computadora, lo que llamó la atención. De todos modos se cree que en aquel movimiento del 13 de mayo hubo extracción de la caja de algo de su contenido, ya que la persona que lo hizo quedó registrada por las cámaras de seguridad ingresando con una mochila que luego apareció más voluminosa. Para los investigadores, esta conducta fue suficiente para generar sospecha.

Vale recordar que Segovia se encuentra detenido desde el 8 de mayo. La hipótesis acusatoria que sostiene el Ministerio Público en la causa en la que está detenido el exjefe departamental José Luis Segovia se basa en testimonios de algunos de los mismos involucrados, pero también en declaraciones de otros policías que fueron parte de las últimas gestiones, tanto en la parte de Seguridad como en la de Investigaciones.

Para el fiscal Marcos Pagella y su colaboradora principal María Laura Salemme la prueba reunida por el personal del CATI (Cuerpo de Ayuda a la Instrucción Técnica) durante más de tres años permitió definir este accionar como el de una asociación ilícita en la cual, consideran, Segovia no podía desconocer lo que estaba sucediendo.

Esa organización, de la que supuestamente formarían parte los policías Gastón Moraña (Departamental) y Nicolás Rivademar (Policía Federal), los expolicías Javier González y Christian Holktamp, el cambista y dueño del café Sutton, Jorge “Ruso” Toletti, y el abogado Lautaro Resúa, tenía montado un sistema recaudatorio para permitir la existencia de “arbolitos” en la zona de Luro e Independencia.

Pero además también se atribuye a los involucrados obtener información clasificada de investigaciones y alterar el cauce de la mismas a cambio de dinero o a modo de extorsión. En la documentación existente bajo secreto sumarial se destaca el caso de Mauricio Di Norcia. En el comienzo de la investigación por el robo a un departamento del edificio Cabo Corrientes, Di Norcia -cuyo defensor es Resúa- fue señalado como autor del hecho, pero ese dato, según el Ministerio Público, fue “insertado” falsamente para que el fiscal Mariano Moyano lo detuviera. Al mismo tiempo Moyano avanzaba en dirección a Carlos Alejandro Juárez, quien contaba con cierto parecido físico a Di Norcia. Después de dos meses, Juárez fue secuestrado y extorsionado por cuatro personas con la idea de que, si no pagaba una fuerte suma en dólares, corrían de la “investigación” a Di Norcia y lo delataban. Como Juárez nunca pagó, dos de los secuestradores, Toletti y Holktamp, se presentaron ante el fiscal Moyano y dieron su nombre. La causa se aceleró entonces y se estableció que, verdaderamente, Juárez era uno de los ladrones junto a su novia Julieta Palermo.

Vale aclarar que Di Norcia luego fue detenido por robos en otros departamentos y acusado también de lavado de dinero.

Todas estas acciones configuran para el Ministerio Público el cuerpo central de la acusación, ya que se cruzan delitos como asociación ilícita, incumplimiento en los deberes de funcionario público, estafa procesal, intermediación financiera, encubrimiento agravado.

Dentro de esa estructura, Moraña y González serían recaudadores, mientras que Rivademar (quien estaba de servicio pasivo en los últimos tiempos) lo hacía, pero en el ámbito de al Policía Federal.

El rol del abogado Resúa según los acusadores es el de intermediario entre el mundo del delito, de la venta de dólares y el de la policía.

En los siete allanamientos del último miércoles, la Prefectura Naval y la propia Fiscalía General encontró dinero en efectivo en una bolsa de consorcio por una suma importante en pesos, 1o mil dólares, armas, documentación y también algunos escritos sobre investigaciones en “suspenso”. El dinero en la bolsa de consorcio, por casi 1 millón de pesos, fue hallado en la casa familiar que alquila Segovia, quien luego explicó que estaba destinado al pago del alquiler de esa propiedad. Los dólares se hallaron en el estudio de Resúa.