Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques ampliaron hoy la imputación contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa en la que se la investiga por el presunto direccionamiento de las adjudicaciones de obra pública durante su gestión en favor del empresario detenido Lázaro Báez.

En un dictamen de 135 páginas que entregaron al juez federal Julián Ercolini, los fiscales aseguraron haber obtenido más pruebas de cómo fue la “maniobra ideada previamente con el fin de asignar y destinar” por distintas vías oficiales “millonarias cantidades de fondos públicos” a Báez, “a quien en todo momento se quiso deliberadamente beneficiar”.

La ex mandataria está citada a prestar declaración indagatoria en el marco de esta causa el 31 de octubre y fuentes judiciales aseguraron a Télam que la ampliación de la imputación no implicará cambios en esa fecha dado que el juez cuenta con el tiempo suficiente para correr vista a las partes antes de que se concrete esa cita judicial.

En el marco de esta causa, también fueron llamados a prestar declaración indagatoria el ex ministro de Planificación Federal y actual diputado nacional Julio De Vido (24 de octubre), el detenido ex secretario de Obras Públicas, José López (27 de octubre) y el propio Báez (2 de noviembre).

Los representantes del Ministerio Público Fiscal remarcaron que la maniobra para direccionar las adjudicaciones de obras públicas en favor de la empresa Austral Construcciones, de Báez, se habría llevado a cabo a través de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y analizaron 15 obras viales, que fueron presentadas como los casos testigos con los que respaldaron su nuevo dictamen.

Policita y Mahiques aseguraron que el gobierno kirchneristas “favoreció una millonaria asignación de recursos a la Dirección Nacional de Vialidad dependiente del Ministerio de Planificación convirtiéndolo en el principal organismo a través del cual el Estado nacional invirtió en el país y en una caja de recursos dirigidos a la Provincia de Santa Cruz”.

En la misma dirección, señalaron que a través de ese armado, “y conforme un plan previamente ideado y a partir del cual el caso cobra relevancia penal”, fue favorecida la “la empresa insignia del amigo de la ex familia presidencial Austral Construcciones en perjuicio de las rentas de la Nación”.

En relación a la metodología de la maniobra, señalaron que las empresas ligadas a Báez (Austral Consturcciones, Kandk y Costilla, Gotti) se presentaban por separado a las distintas licitaciones para simular competencia y para “aumentar el costo de la obra vial a través de cotizaciones superiores al presupuesto oficial”. Según aseguraron los fiscales, el gobierno kirchnerista utilizaba luego decretos de necesidad y urgencia para elevar los presupuestos cuando fuera necesario.

Entre las irregularidades que encontraron en las obras adjudicadas a Báez, los fiscales subrayaron que “la designación de un único representante técnico para todas las obras” y pudieron en duda que hubiera podido hacerse cargo de “la marcha de al menos dieciocho (18) obras viales que se desarrollaban simultáneamente a lo largo y ancho de toda la provincia de Santa Cruz”.

También señalaron que Austral construcciones utilizó la misma planilla de equipos y maquinaria para el desarrollo de múltiples y simultáneas obras viales.