Luego de que el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires advirtiera sobre la posibilidad de sancionar al intendente Carlos Arroyo y el secretario de Economía, Hernán Mourelle, por haber omitido impulsar la aprobación de la ordenanza complementaria del presupuesto, la concejal de Unidad Ciudadana, Virgina Sívori, reclamó una “pronta y sensata respuesta” de parte del gobierno municipal.

“Administrar bien un municipio significa también cumplir con las normas establecidas“, sostuvo Sívori, quien destacó que su bancada ya raclamó en reiteradas oportunidades que el Ejecutivo cumpla con la elevación de un proyecto de ordenanza que, según lo establecen los plazos legales, debería haber sido presentado a fines de octubre de 2017.

La concejal recordó que el presupuesto municipal del ejercicio en curso fue aprobado el pasado 27 de abril, sin que durante todos estos meses la gestión de Arroyo cumpliera con el envío de la ordenanza complementaria, que entre otras cosas “determina la nómina salarial” de todo el personal municipal.

Luego de que el Tribunal de Cuentas advirtiera sobre la inexistencia de un “marco legal” para realizar la liquidación de haberes, Sívori consideró que “esta omisión le va a generar un inconveniente mayor al municipio“.

“Somos una oposición responsable que trabaja para respetar la institucionalidad del municipio. Ya advertimos desde comienzo de año que esto podía pasar. Administrar bien un municipio significa también cumplir con las normas establecidas”, sostuvo.

Para Sívori, ante las observaciones efectuadas por el Tribunal “el gobierno municipal debe brindar una pronta y sensata respuesta”.

No obstante señaló que, a poco de que concluya el ejercicio, el hecho de que el gobierno no haya cumplido con la presentación de la ordenanza complementaria, indica que “evidentemente no le interesa contar con esta herramienta y no tienen voluntad de resolver el problema”.

Asimismo destacó las consecuencias que podría causar la ausencia de “un marco legal que determine los escalafones municipales” y le dé respaldo a los “aumentos de sueldos” acordados durante este año.

Y en este sentido subrayó que una de los efectos podría consistir en la imposición de “sanciones económicas, amonestaciones y hasta la posible inhabilitación para el desempeño de funciones municipales” contra los funcionarios considerados responsables, entre ellos el jefe comunal y el Secretario de Economía.