El Tribunal Oral Nº 3 solicitó a las autoridades del Colegio de Abogados de Mar del Plata que dicte capacitaciones en materia de género a los profesionales del derecho en ese cuerpo matriculados, luego de que un letrado que defendía a un hombre acusado por abuso sexual cuestionara la intervención en el caso de una jueza, por el hecho de ser mujer.

En el fallo que acabó por condenar al imputado a 11 años de prisión, el magistrado Fabián Riquert manifestó que no era su intención defender a su colega, la jueza Mariana Irianni, porque bien sabía que ella podía “defenderse sola” del agravio. Sin embargo, explicó que veía “con preocupación” la existencia de abogados que en la actualidad reflejaran tales posturas.

Todo comenzó cuando el letrado Rubén Fernández, defensor de un hombre que había abusado sexualmente de la hija de su pareja cuando era adolescente, planteó en una audiencia que no le parecía correcto que el tribunal estuviera compuesto por una mujer cuando el caso a analizar y juzgar era “un abuso intrafamiliar”. Además, manifestó que esa misma magistrada contaba con el antecedente de una condena a otro hombre en un hecho similar, luego revocada en segunda instancia.

Al escuchar esas palabras, Irianni le consultó si el cuestionamiento se debía a cuestiones personales, a lo que el abogado respondió en forma negativa. El diálogo se dio en términos informales y el letrado no presentó ningún pedido de recusación, el curso formal que debió haber transitado de no estar satisfecho con la conformación del tribunal, que se efectúa por sorteo virtual para asegurar la mayor credibilidad y objetividad posible.

Precisamente en esto se ampararon Riquert, Sueyro y la propia Irianni para denostar la postura de Fernández y solicitar al Colegio de Abogados que capacite a sus profesionales en materia de género. En ese marco, los jueces hombres manifestaron además que ellos también tienen causas revocadas y no por eso dejaron de intervenir en nuevos juicios.

Finalmente, recordaron la vigencia en los poderes públicos de la ley “Micaela”, que prohíbe cualquier tipo de discriminación y violencia contra la mujer. “Habida cuenta el carácter público del Colegio de Abogados, y su función esencial en la protección de los derechos de la ciudadanía, resulta de vital importancia que sus matriculados se capaciten en materia de género a los fines de erradicar este tipo de expresiones vinculadas con estereotipos superados, para una correcta litigación”, señalaron los magistrados en el fallo.