Archivan por inexistencia de delito la denuncia de Manes contra Santiago Caputo
El diputado había acusado al asesor presidencial por supuestas agresiones durante la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso. La Justicia concluyó que se trató de una "disputa política" que excede el ámbito penal.
Santiago Caputo, asesor presidencial de Javier Milei. Foto: EFE | Juan Ignacio Roncoroni.
La jueza federal María Eugenia Capuchetti archivó por inexistencia de delito la denuncia del diputado Facundo Manes contra el asesor presidencial Santiago Caputo por supuestas agresiones durante la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso, el 1 de marzo pasado.
La magistrada concluyó que se trató de una “disputa política” que excede el ámbito penal, según la resolución a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas y la decisión de Capuchetti podrá ser apelada ante la Cámara Federal porteña.
Capuchetti archivó la denuncia que había presentado Manes contra Caputo y otra de Fernando Miguez contra Franco Iván Jeremías Antunez Pachol (conocido como Fran Fijap).
Se trató de “una disputa política cuya real naturaleza excede el ámbito punitivo pretendido”, dictaminó Capuchetti luego de haber recibido un dictamen del fiscal federal Ramiro González, quien había pedido impulsar la investigación con medidas de prueba.
“En todo caso, cualquier inconveniente relacionado con el orden o el comportamiento en el interior del Honorable Congreso de la Nación debe abordarse conforme a los mecanismos administrativos establecidos por sus reglamentos internos, sin que ello implique directamente la intervención del ámbito penal”, agregó la jueza.
La magistrada advirtió en su resolución que “debe aclararse que la indignación personal sobre la manera en que se desarrollan ciertos acontecimientos, particularmente aquellos que se exhiben en las instituciones públicas de gobierno, con publicidad y de cara a la opinión general, no implica necesaria y automáticamente que deba intervenir el derecho penal”.
En ese marco, destacó la jueza, “las discusiones en el interior del Congreso, aunque puedan ser intensas o contener momentos de confrontación verbal, deben ser comprendidas dentro de los márgenes de lo que se considera un intercambio político legítimo”.
“Si bien ciertas expresiones de tono elevado pueden resultar inadecuadas o incluso reprobables desde una óptica ética, no puede olvidarse que tales conductas se desarrollan dentro de un ámbito en el que la confrontación de ideas es no solo aceptada, sino también estimulada por el diseño institucional del sistema democrático”, concluyó.
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