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La Ciudad 23 de noviembre de 2018

Arroyo y parte de su gabinete serán investigados por la Justicia Federal por desviar fondos

El intendente y varios de sus funcionarios están denunciados por haber "incumplido dolosamente" con el pago de los aportes a obras sociales. A partir de los avances registrados en la causa, el juez De Marco pidió la intervención de la Justicia Federal para que ahora investigue presuntos delitos tributarios e impositivos.

El juez de Garantías Daniel De Marco dispuso remitirle a la Justicia Federal parte de una investigación en la que el intendente Carlos Arroyo y varios integrantes de su gabinete están acusados de haber retenido de manera indebida los aportes que la comuna debe realizar a las obras sociales a las que se encuentran afiliados sus trabajadores.

Tal y como lo habían hecho los fiscales Carlos Bruna y Roberto Pizzo, el magistrado consideró que algunos de los hechos que fueron denunciados constituirían una violación a la Ley Penal Tributaria, razón por la cual, a partir de ahora deberán seguir siendo investigados por la Justicia Federal.

La causa, en la que están involucrados el intendente Arroyo junto a su secretario de Economía y Hacienda, Hernán Mourelle y otros integrantes del gabinete, fue iniciada a partir de una denuncia presentada a principios de este año por el presidente de la Obra Asistencial Mutual (OAM), el médico Rubén Pili.

Inicialmente los funcionarios fueron acusados por incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación y administración fraudulenta.

En su reciente, dictamen el juez De Marco explicó que Pili les imputó a los funcionarios involucrados haber “incumplido dolosamente” con su obligación de abonarle a OAM los “aportes patronales deducidos de los salarios de 2144 empleados municipales” para destinar ese dinero a “objetivos diferentes“, causándole así “un grave perjuicio económico” a la entidad.

Cuando el titular de OAM formalizó su denuncia ante la Justicia provincial, hizo saber que en aquél momento la Municipalidad le adeudaba a la institución unos 22 millones de pesos, cifra que representaba apenas una parte de la enorme deuda que la gestión de Arroyo había contraído con las obras sociales a las que se encuentran afiliados los trabajadores de la comuna.

En ese momento el intendente y Mourelle protagonizaron una conferencia de prensa durante la cual acusaron a Pili de actuar en base a motivaciones políticas.

No obstante en esa misma ocasión Mourelle reconoció públicamente que la comuna mantenía una millonaria deuda con las obras sociales por no haber cumplido con el pago de los aportes en tiempo y forma.

Semanas atrás, el abogado de OAM, Cesar Sivo, recordó aquellas declaraciones del secretario, subrayando la importancia que tuvieron para el avance de la investigación.

Estamos ante funcionarios confesos que reconocieron públicamente que no pagan lo que deben“, señaló.

Tal y como lo había informado LA CAPITAL, a fines de octubre los fiscales Bruna y Pizzo consideraron que algunos de los hechos investigados podrían constituir delitos tributarios, que por su naturaleza, deberían ser investigados por la Justicia Federal.

Finalmente ese criterio fue compartido por el juez De Marco, quien a través de un dictamen firmado el miércoles pasado, dispuso declarar la “incompetencia parcial” de su juzgado y remitirle parte de la causa al Juzgado Federal de Mar del Plata.

Así, a partir de ahora tanto el intendente como algunos de sus funcionarios deberán afrontar dos procesos judiciales simultáneos, aunque cada uno de ellos, referidos a diferentes delitos.

En su dictamen el juez De Marco consideró que la “hipótesis investigativa” elaborada tras la denuncia de Pili “se encuentra acreditada” a través de diversos elementos de prueba y en particular por la declaración del tesorero de la administración central del municipio, Mauricio Mingo.

Según el magistrado, el funcionario “reconoció que la cartera a su cargo mantiene una deuda con OAM que responde a aportes patronales” hecho que coincidieron en admitir también “los contadores y/o empleados contables de los entes descentralizados” de la comuna.

Según consta en la causa original, los denunciados son, además de Arroyo, el secretario de Economía y Hacienda, Hernán Mourelle; la presidenta del Ente Municipal de Turismo (Emtur), Gabriela Magnoler; el de Deportes (Emder), Carlos López Silva; el de Vialidad (Emvial), Pablo Simoni, y el de Servicios Urbanos (Emsur), Eduardo Leitao.

La presentación también incluye al ex secretario de Economía y Hacienda Gustavo Schroeder, al ex titular del Emtur Mario Marchioli y al ex presidente del Emder Guillermo Volponi, actual concejal del PRO.