La Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera y Fresquera se declaró en estado de "alerta máxima" y exigió respuestas al Gobierno nacional para poder sostener la actividad.
La Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera y Fresquera (AEPCYF) declaró el estado de “alerta máxima” por la suba sostenida del precio del combustible y por “la falta de respuestas” del Gobierno nacional.
La entidad señaló que la estructura de abastecimiento “condiciona” la operatoria y que crece el riesgo de “parálisis” de la actividad en Mar del Plata.
“Los números son contundentes. En 2010, un kilo de corvina equivalía a casi 1,5 litros de combustible. Hoy, apenas alcanza para adquirir 0,98 litros. A esto se suma un incremento del gasoil del 86 % desde diciembre de 2023, configurando una ecuación económica que el sector define como insostenible”, expuso la AEPCYF.
La entidad empresarial advirtió que “mientras los costos operativos se disparan, los precios de venta permanecen estancados”.
“La flota avanza hacia una parálisis progresiva, con impacto directo sobre trabajadores, familias, plantas procesadoras y servicios portuarios. En este contexto, el sector puso el foco en el esquema vigente en el puerto de Mar del Plata, donde la empresa Zona Común S.A. -única distribuidora de combustibles marítimos- concentra la comercialización, condicionando precios y volúmenes en un escenario sin competencia”, añadió.
Tras una reunión sin éxito con representantes de la firma, la asociación fue categórica: “La falta de soluciones profundiza un sistema que deja a la flota sin margen de maniobra”, apuntó.
A su vez, la AEPCYF cuestionó el “silencio” de las autoridades nacionales frente a esta situación.
“No responder también es una forma de decisión política”, planteó el sector, que exigió una reunión con las máximas autoridades de YPF para establecer “condiciones diferenciales que permitan sostener la actividad”.
El conflicto también fue elevado formalmente a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la Nación y a autoridades provinciales y locales.
“La inacción pone en riesgo una cadena productiva clave. La flota no puede esperar más. Cada barco que se detiene es trabajo que se pierde en tierra”, sentenció la AEPCYF.