Por Gustavo Visciarelli

“Cayó el gobierno de Isabel Perón”, titula en portada La Capital el 24 de marzo de 1976. El golpe, cometido en plena madrugada, ha empujado la hora de cierre hasta las 5 para incluir noticias ocurridas hasta las 3.21, cuando las radios empiezan a difundir comunicados y marchas militares. La presidenta depuesta es conducida a su sitio de reclusión en Neuquén y la Junta Militar pone en marcha su maquinaria antes del amanecer.

El intendente socialista Luis Nuncio Fabrizio concurre por la mañana a su despacho. Dos ex jefes comunales de su partido –Teodoro Bronzini y Jorge Lombardo–  lo acompañan solidariamente. Hasta las 9.30 Fabrizio sólo ha sido entrevistado por un teniente que se presentó como encargado de la seguridad de la Municipalidad, abierta pero casi inactiva porque el asueto decretado por la Junta Militar no alcanza a la administración pública. En los accesos hay fuerzas militares que permiten entrar a dos personas por vez luego de palparlas de armas. Algunos concejales salen portando carpetas, apunta un periodista en su crónica.

El general de brigada Adolfo Sigward  asume por la mañana la intervención militar de la provincia y envía su “circular número 1” a los intendentes, ordenándoles presentar la renuncia en 24 horas y permanecer en sus cargos custodiando la documentación hasta que su situación sea resuelta. Fabrizio acata por telegrama. En mayo será reemplazado por el capitán de Navío Carlos Menozzi, antecesor de Mario Russak (1978-1981).

Los militares ocupan desde la madrugada LU6, LU9, Canal 8 y Canal 10, así como todas las emisoras del país. Conectadas en cadena, sólo transmiten comunicados y música durante todo el día, con una significativa excepción: la Junta ordena abrir la señal para que el país pueda ver el partido amistoso de futbol que la selección Argentina (2) y la de Polonia (1) disputan en Chorzow.

El diario del 25 de marzo describe el primer día del golpe como “una jornada tranquila en la ciudad”. Y destaca la sorpresa de los desinformados que al salir de sus casas encuentran “una discreta presencia de tropas” que “los arrojó a la realidad”.

La actividad comercial se desarrolla “sin inconveniente alguno”, rezan las crónicas. El transporte funciona con normalidad. “A hora temprana hubo algunos guardapolvos blancos en las calles, pero pronto desaparecieron ante la comprobación del asueto educacional”.

Los empleados bancarios trabajan a puertas cerradas ya que el feriado alcanza esa actividad al igual que a la bursátil y la cambiaria. Acatando órdenes difundidas en sucesivos comunicados se suspenden las actividades que signifiquen reunión de gente, incluyendo espectáculos, bailes, conferencias y hasta un Magistral de Ajedrez que se disputa en el Hotel Provincial. Rige ya el estado de sitio y la pena de muerte.

La policía queda bajo control militar y todas las dependencias exhiben excepcionales medidas de seguridad. Un cronista deja constancia del emplazamiento de una pieza de artillería en el Cuartel de Bomberos de Salta casi Falucho, donde además han cortado el tránsito. En 2014 el lugar fue señalizado como centro clandestino de detención. 

No menos abrumador es el operativo en torno a la Unidad Regional IV de Gascón y Entre Ríos. Allí, en la mañana del 24 de marzo, constituye su despacho el coronel Pedro Barda, jefe del GADA y de la subzona militar 15. Fallecerá en 2011, cumpliendo prisión perpetua en su domicilio por delitos de lesa humanidad. La mención de su apellido sigue prolongándose en los juicios en curso.

Algunas detenciones concretadas el primer día del golpe aparecen en el diario en calidad de “averiguación de antecedentes”. Una de ellas es la del abogado laboralista y asesor de la CGT Norberto Centeno, quien en julio del ’77 será secuestrado y asesinado durante “La Noche de las Corbatas”.

También figura la del trabajador ferroviario Nicolás Candeloro, que es detenido por error. En realidad buscan a su hijo, el abogado Jorge Candeloro, luego secuestrado y desaparecido en “La Noche de las Corbatas”.

La nómina de detenidos en averiguación de antecedentes que figura en el diario incluye a Osvaldo Demattei (secretario general de los municipales), Antonio Daguzán (Foetra), Carlos Rohner (SOIP), Roberto Comaschi y José Landín  (CGT), Alejandro Escobedo (JSP), Oscar Intrieri (CdO) y Pierino Di Toma (interventor del Partido Justicialista).  Al margen de estas detenciones “oficializadas”, en la ciudad comenzaban a circular versiones de secuestros cometidos por personas vestidas de civil.

Seguramente por eso, el 26 de marzo el coronel Barda envió a los diarios un comunicado que, a la luz de los hechos comprobados, estremece por su cinismo: “Ante versiones interesadas circulantes respecto a que grupos de personas vestidas de civil y armadas en la ejecución de actos de secuestro contra personas diversas serían integrantes de las Fuerzas Armadas o policías, esta Jefatura Militar aclara en forma expresa y terminante que el personal a sus órdenes ejecuta actividades cuando corresponde, identificadas con el uniforme que los identifica y prestigia”.