Así lo dispuso el Gobierno Provincial. Para marzo ya se había autorizado un incremento del 3 %. Alarma en el sector por el cierre de escuelas.
La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (Aiepa) informó que las autoridades de la Provincia de Buenos Aires (PBA) autorizaron una suba promedio del 6,5 % en la cuota de los colegios con subvención estatal para todas las categorías, escalas y modalidades.
De esta manera, se definieron las nuevas bandas arancelarias para los establecimientos educativos que reciben aportes estatales para afrontar parte de los gastos de funcionamiento.
Según explicó la entidad que agrupa a los institutos de todo el país, los colegios privados de nivel inicial y primario que tienen hasta el 100 % de aportes para pago de los docentes de la planta básica funcional podrán cobrar $32.880 por mes a partir de abril. En tanto, los que reciben subvenciones de hasta el 40 % para los sueldos docentes podrán cobrar hasta $148.660.
En el nivel secundario será de $36.200 hasta $193.160. Y los institutos que ofrecen educación Técnica, Agraria o Especializada el Arte tienen una banda de entre $41.790 y $221.070, según se trate de establecimiento con subsidio de 100 % o de 40 %, respectivamente.
Los nuevos aranceles que deberán abonar los padres o tutores de alumnos a partir de abril fueron avalados por una comunicación de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Aiepa había reclamado a las autoridades la actualización a partir del resultado de las paritarias que la gestión bonaerense cerró con los gremios docentes para esta etapa del año.
La Provincia había autorizado un incremento del 3 % que se aplicó en marzo y en 2025 el último movimiento de los valores se había decretado el 30 de septiembre, con impacto en el último trimestre del ciclo pasado.
Al respecto, el secretario ejecutivo de Aiepa, Martín Zurita, explicó: “Estas adecuaciones se dan en un contexto difícil para el financiamiento de la educación de gestión privada. Hay muchos costos fijos que aumentaron en estos últimos meses, además de los salarios docentes de los cuales una parte se hace cargo el Estado. Pero hay otros que los afrontan las instituciones”.
No obstante, el dirigente aclaró que “las escuelas, sus directivos y sus responsables hacen un gran esfuerzo aunque el arancel esté por debajo de los aumentos de los costos operativos y de funcionamiento de los institutos, para que no se altere el desempeño diario de los centros de enseñanza privados”.
Zurita remarcó que en los últimos meses, se advirtieron “nuevos factores que dificultan la administración”. Entre ellos, “el excesivo aumento de las tasas que cobran algunos municipios bonaerenses a los establecimientos educativos, la caída de la matrícula y los desfasajes financieros“.
En la actualidad, el sistema privado en la provincia de Buenos Aires contiene a más de 1,3 millones de alumnos y alcanza cerca del 30 % de la cobertura educativa.
De acuerdo con las últimas paritarias acordadas por el Gobierno bonaerense, los salarios que deben pagar los establecimientos aumentaron hasta un 17 % acumulado en el periodo enero/abril si se toman en cuenta -además de los porcentajes al básico informados por las autoridades- los aportes no remunerativos que se establecieron en esas mesas de negociación salarial.
En la provincia de Buenos Aires, alrededor del 70 % de los colegios privados reciben aporte estatal. Esto implica que los incrementos de cuotas deben ser autorizados por la gestión provincial. Los colegios con arancel “libre” pueden aplicar aumentos por fuera de este mecanismo.
Cierre de escuelas
En los últimos años, se han registrado cierres de instituciones educativas privadas, sobre todo en el conurbano, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y La Plata.
Se trata de un fenómeno que comenzó a notarse con mayor fuerza después de la pandemia y que responde a una combinación de factores.
Entre ellos, Zurita mencionó la caída de la natalidad, la disminución de la matrícula -con unos 300.000 alumnos menos en todo el sistema educativo en los últimos cuatro años– , el atraso en los aranceles, el aumento de tarifas de servicios públicos y las dificultades económicas de muchas familias que ocasionaron una suba en los porcentajes de morosidad.
“Hay escuelas que no cerraron, pero cuya situación es crítica: están endeudadas o tomando créditos para poder pagar sueldos y cargas sociales”, explicó Zurita.