Avanza en la privatización de la empresa de ferrocarriles Belgrano Cargas
Se prevé un plazo de 12 meses para completar la privatización. Una entidad bancaria del sector público realizará las evaluaciones correspondientes.
El Gobierno avanzó en la privatización de la empresa estatal Belgrano Cargas y Logística S.A., en el marco de la decisión del presidente Javier Milei de reducir la participación del Estado en actividades empresariales.
La medida busca que “el Estado deje de ser operador ferroviario del transporte de carga y de toda la infraestructura como el material rodante, las vías, talleres e inmuebles aledaños”, según detalla una resolución del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial,
El ministerio instruyó a la Secretaría de Transporte a llevar adelante las acciones necesarias para profundizar el proceso, entre ellas la elaboración de la documentación licitatoria y la coordinación con la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.
La Secretaría también deberá organizar el remate público del material rodante actualmente bajo administración de la empresa, además de concesionar las vías férreas, inmuebles y talleres correspondientes a las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza.
Las acciones requerirán relevamientos técnicos y diagnósticos previos. Podrá contar con el apoyo de la propia Belgrano Cargas y de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.A.
La Agencia de Transformación de Empresas Públicas será la encargada de coordinar el cronograma que prevé un plazo de 12 meses para completar la privatización, e instruirá a una entidad bancaria del sector público para realizar las evaluaciones correspondientes.
El Banco de la Nación Argentina administrará los fondos obtenidos del remate del material rodante, que serán destinados al financiamiento de obras ferroviarias. Todos los procedimientos se realizarán a través de las plataformas oficiales.
El proceso, iniciado el 10 de febrero pasado, se enmarca en la Ley de Bases, que incluye a Belgrano Cargas entre las compañías sujetas a privatización.
Aunque los activos serán concesionados, las vías y terrenos seguirán siendo propiedad del Estado, que los recuperará al finalizar las concesiones.
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