La Fiscalía de Delitos Económicos avanza en la causa por denuncias de ventas de turno en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) y, según los investigadores, en principio no se trataría de un delito, pero sí de una deficiencia en el sistema de salud público.

Hace pocos días, el abogado y titular de La Casa del Trabajador, Julio Hikkilo, había presentado una denuncia en la que exponía que los turnos se vendían por 300 pesos. Algo similar, también había denunciado el director del nosocomio, Gustavo Galban.

Ante la posibilidad de una organización conformada por empleados públicos -como médicos, enfermeros y administrativos-, el fiscal Javier Pizzo comenzó a investigar las denuncias.

Según las primeras apreciaciones de los investigadores, en principio no se trataría de un delito, de una venta “interna” de turnos médicos en un hospital público.

Lo que sí existe, y de hecho incluso se ve en publicaciones de redes sociales, es una oferte por tramitar un turno a cambio de dinero: hacer las largas filas, estar horas a la espera de ser recibido y conseguir una cita con un médico.

“Es una cuestión de gestión por la deficiente situación del hospital”, explicó a LA CAPITAL una fuente cercana a la investigación.

Si bien esta “gestión” de turnos existe, no estaría encuadrada en algún delito, ya que no existiría estafa, o aprovechamiento de algún tipo, sino que se trataría de un servicio informal.

“Lamentablemente, pese a que la maniobra de venta de turnos era conocida desde hacía mucho tiempo por los directivos del hospital, los mismos no adoptaron medidas de carácter administrativas para evitar que las mismas se siguieran llevando adelante, así como tampoco dispusieron de otro mecanismo que facilitara a las personas el acceso a los turnos sin tener que someterse al acampe frente al hospital o al pago de dinero”, expresó el abogado que radicó la denuncia, Julio Hikkilo.

Por otra parte, Hikkilo también había solicitado un recurso de amparo para que la Justicia obligara a la Provincia de Buenos Aires a garantizar el acceso a la salud pública, derecho que según el letrado se encuentra vulnerado por la situación del Hospital Interzonal.

Según la presentación del abogado,  el sector de guardia aún continúa “saturado de personas internadas“, a la vez  que se detectó la presencia de pacientes hospitalizados en sillas de ruedas y de personas con cuadros “infectocontagiosos sin la aislación adecuada”, lo que expone a otros pacientes y a los trabajadores a la posibilidad de contraer enfermedades. En materia de edilicia, la Casa del Trabajador también alertó sobre la existencia de “salas internación sin baños, persianas que no se abren y de goteras”.

En este marco, el Juez de Ejecución Juan Sebastián Galarreta citó para el 5 de septiembre a declarar al director del Hospital Interzonal, Gustavo Galban, y al jefe de guardia del hospital.