La Comisión de Hacienda del Concejo Deliberante dejó este miércoles en condiciones de considerar en la próxima sesión a los dos despachos para la implementación de un sistema de reconocimiento facial que permita identificar delincuentes y prófugos en la vía pública.

El dictamen de mayoría es el que impulsaron los bloques de Acción Marplatense y el Frente de Todos, que en la reunión de hoy cosechó además el respaldo del concejal de Crear, Alejandro Carrancio. El de minoría es el del oficialismo local, redactado sobre la base del proyecto original del Ejecutivo.

La diferencia de fondo es que, mientras el primero le exige al municipio el envío al Concejo de un pliego de licitación, el del oficialismo autoriza al gobierno municipal a implementar el software de reconocimiento facial mediante una licitación, pero sin discutir sus cláusulas con el cuerpo deliberativo.

El presidente del bloque oficialista (Vamos Juntos), Agustín Neme, definió al sistema de reconocimiento facial como “una herramienta muy importante para la seguridad de los vecinos”, y abogó por “implementar este tipo de tecnología en beneficio de la seguridad” para “lograr una ciudad cada vez más segura”.

Neme sostuvo que no es “un capricho” la postura de no acompañar el pedido opositor de que se envíe el pliego al Concejo. “Así lo determina la LOM (Ley Orgánica de las Municipalidades)”, dijo. Y destacó que el dictamen del interbloque de Juntos por el Cambio (que conforma su bancada con el radicalismo y la Coalición Cívica) establece que se hará una licitación, como habían solicitado los bloques opositores.

Horacio Taccone (Acción Marplatense) sostuvo que si fuera remitido el pliego sería “mejorado” por el Concejo. “Ojalá que reflexionen y que de acá a la sesión puedan cambiar de opinión”, anheló.

Marina Santoro (Frente de Todos) se mostró convencida de que el despacho de mayoría “mejora la propuesta del Ejecutivo”. “No somos una oposición que obstruye, una oposición que pone palos en la rueda, sino al contrario”, indicó. Y agregó: “Estamos convencidos de que este despacho de mayoría demuestra la voluntad de la oposición de trabajar a favor de Mar del Plata”.

Con la intención de contrarrestar las acusaciones del intendente contra la oposición, Carrancio puntualizó que la propuesta oficial “no hubiera avanzado” si no existía una alternativa opositora. También pronosticó que seguramente en el recinto se “revierta” la correlación de votos y se imponga la redacción oficialista. “No seamos tontos. Todos imaginamos lo que va a pasar con este expediente”, comentó. A lo que Taccone respondió: “Tengo esperanza de que el interbloque oficialista lo analice y quizás podamos llevarnos una sorpresa en la próxima sesión”.

Diferencias

El despacho opositor le encomienda al Ejecutivo “la generación de los convenios imprescindibles para la provisión de bases de datos oficiales por parte de las diferentes jurisdicciones policiales y de administración de justicia que otorguen” al software de reconocimiento facial “auténtica utilidad práctica en el estricto marco del ordenamiento jurídico vigente”.

También incorpora un Comité de Ética “a los efectos de una instrumentación que garantice la prevención sin discriminación y los valores de la seguridad democrática”. Estaría conformado por un representante del Colegio de Magistrados, los rectores de las universidades Nacional, Fasta, Atlántida, UTN regional local, Caece; el presidente del Colegio de Abogados local, un representante del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) y un concejal por bloque político.

Por su parte, el despacho del oficialismo establece que los objetivos del programa de reconocimiento facial son “fortalecer los sistemas de seguridad comunitaria, promover la utilización pacífica de las vías y espacios públicos, garantizar más y mejores escenarios para la convivencia ciudadana” y “generar mecanismos de prevención y disuasión de situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad de las personas y sus bienes”.

El sistema contribuirá “a la instrucción, coordinación y colaboración en la investigación de contravenciones y delitos”, así como a “identificar personas prófugas de la Justicia”, agrega.

También establece que “toda información no relevante para las funciones del sistema” deberá ser “inmediatamente descartada, incluyendo la información biométrica de personas en caso de no ser identificadas”.