La cautelar que frenó las obras por 60 días hábiles en el bar de gin en un terreno lindero al Faro de la Memoria vencerá el próximo 31 de marzo y todo indica que la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado del Centro y Sur de la provincia de Buenos Aires -querellante en la causa- , pedirá extender la medida.

Según pudo averiguar este medio, la querella elevó en las últimas semanas diversos medios probatorios. Uno de los ejes tiene que ver con la unicidad de la parcela donde se pretende instalar el bar de gin con lo que era la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (ESIM), utilizada como centro clandestino de detención durante la última dictadura.

Es decir, se buscará probar que toda la fracción del terreno en cuestión estuvo bajo control de la Armada.
También se incorporarán testigos y técnicas de georradar con el objetivo de conseguir el aval de la Justicia para preservar un predio clave para la tramitación de causas de violaciones de los derechos humanos.

Una vez elevada toda la documentación, la querella pedirá una nueva cautelar para evitar que avancen las obras en el emprendimiento comercial y mantener así la preservación del terreno.

Tal como informó LA CAPITAL, en agosto de 2024, el Concejo Deliberante aprobó por mayoría el proyecto de ordenanza para instalar un bar de gin en un predio lindero al Faro de la Memoria. El oficialismo argumentó que se trataba de un terreno distinto al de la ESIM.

La ordenanza autorizó el uso y ocupación con carácter precario de parte de una parcela de dominio fiscal municipal integrante del denominado “Paseo Costanero del Sud Presidente Arturo Umberto Illia” a la asociación vecinal de fomento Faro Norte.

Fijó como uso de suelo admitido a las “instalaciones destinadas a establecimiento gastronómico con elaboración artesanal de bebidas espirituosas por destilación (…) como anexo de la actividad gastronómica, para consumo en el local y sin distribución”.

Mencionó, además, que el guardado y estacionamiento de vehículos y la carga y descarga “deberán desarrollarse dentro de la parcela”.

Sin embargo, para la querella, la autorización del municipio se sustentó en un argumento falaz: que la parcela en cuestión resulta independiente de las otras que conforman el predio protegido como bien cultural e histórico, “reduciendo la discusión a una cuestión formal de divisiones catastrales del predio”.

En su primera presentación para que se dicte una medida cautelar, la entidad ratificó a fines del año pasado “la importancia de la preservación de los predios en donde han acaecido violaciones a los derechos humanos”. Y reclamó que debían ser entendidos “como una unidad inescindible”.

En ese sentido, planteó que, “en miras de esclarecer las violaciones a los derechos humanos”, resultaba de vital importancia cuidar los elementos probatorios correspondientes. Esto alcanza no solamente a elementos materiales y documentación, sino también a las instalaciones donde “las Fuerzas Armadas operaron contra la población civil”.

Por último, marcó que la modificación de la forestación, de las construcciones que ya hay en el predio y la remoción de suelo para la realización de una playa de estacionamiento atentarían contra el resguardo de elementos probatorios que pudieran recolectarse.