Se pronunció tras un planteo realizado por la Asociación de Transportistas de Personas con Discapacidad.
La concejal Vilma Baragiola expresó su “profunda preocupación por la crítica situación que atraviesa el sistema de transporte para personas con discapacidad” el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA).
A través de un proyecto de comunicación presentado en el Concejo Deliberante, Baragiola se pronunció tras un planteo realizado por la Asociación de Transportistas de Personas con Discapacidad, que advirtió sobre un “marcado deterioro en el funcionamiento del sistema de prestaciones vinculadas al traslado de pacientes”.
Entre los principales problemas se destacan “la falta de emisión generalizada de autorizaciones correspondientes al 2026, demoras e incumplimientos en los pagos por servicios ya prestados e incluso deudas pendientes del 2025”.
Según se detalla en el proyecto, esta situación coloca a los prestadores “en un escenario de extrema gravedad, dificultando la continuidad del servicio y poniendo en riesgo su sostenibilidad”.
Como consecuencia directa, “numerosas personas con discapacidad ven afectado su acceso al transporte necesario para asistir a tratamientos médicos, terapias, instituciones educativas y centros de día, lo que implica una vulneración de derechos fundamentales vinculados a la salud, la inclusión y la calidad de vida”.
“Estamos frente a una situación muy delicada. No se trata solo de un problema administrativo, sino de personas que no pueden llegar a sus tratamientos o a la escuela. El Estado no puede mirar para otro lado cuando se vulneran derechos tan básicos”, expresó la edil.
En ese sentido, consideró “urgente” que IOMA y la Provincia “den respuestas concretas, regularicen los pagos y garanticen la continuidad del servicio”. “No podemos permitir que quienes más lo necesitan queden a la deriva”, apuntó.
En este marco, el proyecto solicita al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires que informe con urgencia sobre el estado de las autorizaciones, las deudas existentes, los plazos de regularización de pagos y las medidas previstas para garantizar la continuidad del servicio. También busca instar a las autoridades “a arbitrar los medios necesarios para asegurar el acceso efectivo a estas prestaciones, evitando la interrupción de tratamientos y actividades esenciales”.