El bloque de Vamos Juntos pidió una serie de informes sobre el avance de las obras en un predio que, meses atrás, el Gobierno Nacional le cedió a la Provincia para desarrollar lotes con servicios y garantizar el acceso a la vivienda a 320 familias en Mar del Plata.

Los terrenos en cuestión se encuentran delimitados por las calles Pehuajó, William C. Morris, Friuli y Mario Bravo, en el barrio El Martillo, y cuentan con una superficie total de 179.185 metros cuadrados (m2).

De acuerdo a una resolución emitida antes del recambio presidencial, Nación le otorgó el predio a Provincia para la custodia, mantenimiento y conservación del bien, así como la generación y adjudicación de lotes con servicios.
La cesión se concretó tras un convenio entre el Ministerio de Hábitat provincial y la cartera de Desarrollo Social de la Nación, rubricado el 7 de diciembre pasado.

La intención es que los trabajos en el predio se financien con el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), con el objetivo de que se cree un nuevo suelo urbano para propiciar el acceso al hábitat de los sectores populares, “con vivienda única, familiar y de ocupación permanente”.

En el convenio se dio a conocer que el 28 de noviembre pasado se aprobó un listado de 320 familias adjudicatarias de los lotes. La documentación plantea que, con la cesión, se busca “promover” la generación de suelo urbano del que resulten lotes destinados a vivienda, con infraestructura de servicios básicos (agua, energía eléctrica y cloacas), sistema de desagües pluviales, cordón cuneta, apertura de calles, alumbrado público, construcción de espacio verdes y equipamientos comunitarios.

Como requisito, los terrenos deberán ser destinados a grupos de personas cuyos ingresos no superen los 6 salarios mínimos vitales y móviles, que no tengan otros bienes inmuebles a su nombre y que habiten en barrios populares o en una situación habitacional deficitaria.

En paralelo a la cesión, se habilitó la ejecución de un centro de salud en el predio, a cargo de la Asociación Mutual Senderos. Los trabajos comenzaron en octubre y tenían un plazo de 3 meses, por lo que deberían haber finalizado el 21 de enero de este año.

Con estos antecedentes, el concejal Julián Bussetti solicitó al Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano bonaerense que informe sobre “la posesión, el estado y el avance de las obras de los terrenos, como así también las 320 familias adjudicadas, bajo qué condiciones y de qué manera se realizó dicha adjudicación”.

En tanto, elevó otro pedido al Ministerio de Economía de la Nación para que indique en qué situación se encuentran los trabajos en dichos terrenos: si se realizó un informe sobre el impacto ambiental; los montos de asignación y ejecución; las personas jurídicas/instituciones afectadas; la empresa/persona jurídica encargada de la obra; y si hubo documentación presentada a las áreas del municipio afectadas, entre otras cuestiones.

En la misma línea, solicitó a la cooperativa “Los Sin Techo”, al MTE (Movimiento de Trabajadores Excluidos) y la CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular) -que estarían a cargo de la intervención- que informen sobre las personas encargadas de este proyecto, los beneficiarios y las condiciones legales del mismo.
Además, le pidió a la Asociación Mutual Senderos que dé precisiones sobre la ejecución del Centro de Salud mencionado en el proyecto.

Entre sus argumentos, Bussetti recordó que hay presuntos “casos de irregularidades” en el marco de proyectos vinculados al FISU. Y que hoy no está esclarecido quiénes serán los beneficiarios del proyecto ni los montos asignados y ejecutados de la obra, a pesar de que el lugar hoy cuenta con “importantes construcciones”.

También comentó que, en este escenario, “los vecinos del barrio expresan constantemente su preocupación respecto a los posibles ocupantes de los terrenos”.