La basura ha sido un problema repetido en la gestión de Carlos Arroyo. A días de asumir debió enfrentar su primer conflicto, un paro de la empresa 9 de Julio. “Llegó el momento de hacer la revolución”, dijo en aquel verano en el que estrenó su título de intendente, a fines del 2015, cuando insólitamente y ante la desconcertante mirada de los funcionarios de su gabinete, anunció que si el conflicto no se resolvía llamaría “a toda la población a que salga a las calles a ayudar a limpiar la ciudad”. Por supuesto, tal cosa jamás ocurrió y terminó renovándole el contrato a la empresa recolectora.

Pero el problema de la basura detonó en la temporada 2017-2018, cuando el basural expuso su cara más crítica con el colapso del predio y la demora para definir quién se haría cargo, una incertidumbre que se tensó hasta el límite y que terminó de resolverse meses más tarde con la intervención de la Provincia, a través del Ceamse.

Mar del Plata estaba en los medios nacionales, pero no solo con la postal de las playas y el turismo, sino por la cantidad de bolsas malolientes desparramadas por la ciudad. La falta de obras que debían ejecutarse en el predio hizo que se redujera su vida útil y colapsara, mientras a la vez caducaba la concesión de la empresa Tecsan.

Frente al silencio y la falta de resoluciones, la Provincia intervino para sacar del problema a Arroyo. Recién a mediados de junio el gobierno firmó un contrato con la Ceamse, que se hizo cargo tanto del predio como de la cuestión social. Otra muestra de un escándalo que necesitó la ayuda del gobierno bonaerense para ser superado.