La disputa entre sectores poderosos del agronegocio por la distribución de una parte de la inmensa renta que los commodities ofrecen en la actualidad esconde detrás el propósito de fortalecer el control corporativo y la mercantilización de todas las semillas. En esta disputa los grandes monstruos corporativos lograrán acuerdos satisfactorios mientras las semillas criollas y nativas seguirán siendo víctimas de esta apropiación. Y serán campesinos, productores familiares y agroecológicos los que sufrirán las consecuencias de las nuevas normas que se impongan”.
Esta es una de las conclusiones del farmacéutico Carlos Vicente, integrante de las ONGs Grain y Acción Por la diversidad, en el que cuenta la historia de esta batalla de los “poderosos” por lograr una ley de semillas en Argentina.
El informe de Vicente, difundido a través de la red Renace, dice lo siguiente:
cuando en junio del 2012 el Gobierno argentino anunció su acuerdo con la multinacional Monsanto para, entre otras cosas, autorizar el cultivo de la soja resistente al glifosato y productora de la toxina Bt (soja intacta rr2 pro) desató una batalla entre la corporación y los grandes y pequeños productores de soja que aún no ha concluido y que intenta ser el telón de fondo para dar un paso más en la privatización de las semillas.
La autorización de la nueva soja puso en el centro de la escena a los derechos de propiedad intelectual sobre las semillas, ya que en Argentina conviven en este momento dos sistemas que permiten la privatización y el monopolio sobre las mismas:
* Una Ley de Semillas del año 1973 (Ley 20247) que sigue vigente y que instituyó los derechos de obtentor sobre las semillas pero resguardando el uso propio y la posibilidad de realizar investigación sobre las semillas registradas con título de propiedad.
* Modificación de la Ley de Patentes en 1996 aprobándose la Ley N.º 24572 que abrió las puertas para el patentamiento de organismos producidos a través de la ingeniería genética.

Historia

En el año 2012, con la autorización de la soja intacta rr2 pro se anunció simultáneamente la modificación de la Ley de Semillas para que la corporación pudiera recibir una retribución por sus aportes en tecnología.
Los diversos borradores que circularon clandestinamente mostraban cómo el eje estaba en limitar el “uso propio” de las semillas, al limitar la posibilidad de “guardar semilla” para la siguiente cosecha, derecho básico y práctica histórica de los agricultores que es el fundamento de toda agricultura. Los distintos anteproyectos restringían gravemente prácticas que han estado en vigencia desde los inicios de la agricultura, como es el seleccionar, mejorar, obtener, guardar, multiplicar e intercambiar semillas libremente a partir de la cosecha anterior. Además en todas las versiones se abrían las puertas para la profundización de la expropiación y privatización de la biodiversidad agrícola y silvestre y se creaba un sistema policial para criminalizar a quienes guardaran o intercambiaran semillas.
Sin embargo, la modificación de la Ley nunca pudo concretarse ante la resistencia que surgió desde múltiples sectores de la sociedad.

La cláusula

Ante este panorama incierto para sus intereses, Monsanto decide unilateralmente crear un sistema de licencia de uso para su nueva soja “orientado a asegurar el reconocimiento y respeto de los derechos de propiedad intelectual de las nuevas invenciones biotecnológicas aplicadas a variedades de soja”.
A través de esta licencia, que es en realidad un contrato de regalías extendidas, Monsanto impone a quien quiera usar la soja la firma de un contrato con vigencia hasta el 14 de noviembre de 2028 por el cual el productor asume el compromiso de pagar una contraprestación por el uso de la tecnología y realizar el “uso correcto de la tecnología” cada vez que vuelva a sembrar la soja intacta.
Este pago de regalías es contrario a la legislación vigente, pero no recibió ningún cuestionamiento del Gobierno nacional y se sigue sosteniendo desde su lanzamiento en el año 2013.
Sin embargo, los productores de soja no firmaron masivamente este contrato y para los años 2013 y 2014 la siembra de la soja intacta se multiplicó a partir de la comercialización del grano cosechado en la anterior cosecha, vendido ilegalmente como semilla.
A partir de allí, ya en el año 2015, Monsanto intentó cobrar las regalías realizando controles en los silos donde el grano es acopiado para su exportación en los puertos del litoral argentino, desatando un conflicto ante la negativa de los productores a aceptar este control. El Gobierno nacional intervino y proponiendo un DNU que limite los controles sobre las semillas pero también tuvo un amplio rechazo social, fue duramente cuestionado y nunca llegó a emitirse.
Así llegamos al año 2016 con un conflicto que se agudizará en las próximas semanas cuando comience a cosecharse la soja y con un nuevo gobierno en el que la alianza con el agronegocio es aún más fuerte que en el gobierno anterior (con representantes de los sectores productores de soja y de Monsanto ocupando cargos públicos).
A esto se suma la novedad de un acuerdo de Monsanto con los grandes agroexportadores que se comprometen a facilitar los análisis en los puertos para detectar la presencia de la soja intacta. A partir de estos controles se habilita, siempre por la vía privada, que Monsanto demande a los productores para cobrar sus regalías.

La reacción de los productores

Los grandes y medianos productores de soja han rechazado desde sus organizaciones el cobro de regalías extendidas y han recurrido a diversas medidas legales para denunciar a Monsanto por sus abusos, sin cuestionar el resto del modelo agrícola industrial ni sus consecuencias.
Tanto la Federación Agraria Argentina como la Sociedad Rural Argentina plantean desde 2015 denuncias ante la Justicia y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

Campesinos y movimientos sociales

Los movimientos sociales y campesinos que cuestionan la totalidad del modelo sojero mantuvieron durante todos estos años un radical cuestionamiento a la modificación de la Ley de Semillas y fueron actores centrales en su freno desde el año 2012.
En 2015 el Movimiento Nacional Campesino Indígena expresó que lo que está en juego es una disputa por la función social de las semillas o su subordinación al capital financiero transnacional. Según expusieron en el comunicado que difundieron, “ceder a la presión de las corporaciones y aceptar la propiedad intelectual sobre semillas, en un contexto donde las empresas transnacionales son quienes controlan más del 90% de esa tecnología, así como todos los eslabones de esa cadena es retroceder en Soberanía”. Además, enfatizan que “el uso propio es un derecho inalienable para los campesinos indígenas y agricultores familiares, y para ejercerlo no necesitamos estar en ningún tipo de registro, ni ser tratados como excepciones a ninguna normativa”.
La campaña “No a la nueva Ley Monsanto de semillas en la Argentina” en ese mismo momento emitió un comunicado donde asegura que el anunciado DNU “avanza sobre un tema que viene recibiendo las críticas y el rechazo de cientos de organizaciones, académicos y sectores políticos que resisten la apropiación de los bienes comunes de la naturaleza”. Asimismo, remarcan que es “solo el consenso del agronegocio para seguir imponiendo sus pretensiones”. La declaración finaliza haciendo un llamamiento a rechazar “cualquier decreto y a cualquier normativa que intente avanzar sobre la privatización de nuestros bienes comunes”.

La respuesta del Gobierno

Una vez más la respuesta del gobierno nacional ha sido el anuncio de una nueva Ley de Semillas, tal como lo manifestó el Ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile durante Expo-Agro: “se reforzarán los controles oficiales a través del Instituto Nacional de Semillas (Inase), para evitar la proliferación de semilla ilegal o no certificada” manifestó. Y la conclusión es que la solución de fondo parece ser una Ley de Semillas que defina con claridad los derechos de unos y otros. En esta misma Expo-Agro esta propuesta fue ratificada y apoyada por el presidente de la empresa, Juan Farinati.
Al mismo tiempo, trascendió que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, habría planteado en sus reuniones con el presidente Mauricio Macri la cuestión de la propiedad intelectual incluida en semillas.