por Luciana Mateo
@LucianaMateo

LA PLATA (Corresponsal).- Las bibliotecas populares de la Provincia luchan por no desaparecer. Se trata de entidades culturales que no sólo promueven la lectura: en algunos barrios funcionan como espacio de contención social ofreciendo una copa de leche y apoyo escolar a niños y niñas.

Desde la Federación de Bibliotecas Populares de la Provincia aseguran que a la demora en los pagos de las subvenciones por parte del Estado bonaerense se suman la falta de reglamentación de una nueva legislación que aumentaría el monto de esas ayudas económicas, el congelamiento del aporte que realiza Nación y la gran cantidad de requisitos que se les imponen para funcionar.

Juan Carlos Moscatel, presidente de la Federación, contó a LA CAPITAL que es habitual cobrar con algún retraso las subvenciones estatales –2 sueldos básicos de un maestro de grado que se inicia para cada institución- ya que generalmente les liquidan hasta 4 meses juntos, pero manifestó que esto “complica cada vez más la situación de las bibliotecas que ya tienen muchos problemas económicos”.

Según detalló Moscatel, esos 14.250 pesos que reciben por mes por parte de la administración bonaerense “son sólo un ayuda” y no alcanzan para todos los gastos de gestión que incluyen, entre otras cuestiones, “pagarle a un contador, cumplir con la AFIP y con los aportes patronales”.

Cerraron 70 entidades

De acuerdo a datos de la Federación, debido a la crisis general ya son 70 las bibliotecas populares que debieron cerrar sus puertas durante la gestión de María Eugenia Vidal.

“Para el gobierno bonaerense son sólo un número, entonces cuando no tienen un reconocimiento explícito por parte de los organismos oficiales –Banco Provincia, AFIP- de que está todo en orden, enseguida la dan de baja, sin intentar solucionarlo”, señaló por su parte Luis Zurueta, secretario de la Federación.

En ese contexto, apuntó contra la cantidad de requisitos que impone la Dirección de Personas Jurídicas bonaerense para funcionar.

“Exigen lo mismo a una institución como Estudiantes o Gimnasia y Esgrima de La Plata que a una biblioteca que tiene 200 socios”, dijo Zurueta a este diario.

En la Provincia hay aproximadamente 480 bibliotecas reconocidas por la Dirección que depende del Ministerio de Gestión Cultural, pero calculan que en total serían alrededor de 700.

Estas entidades se sostienen muchas veces gracias a las cuotas que pagan los asociados, el aporte solidario de los vecinos –muchos incluso colaboran ‘ad honorem’- o una actividad aislada propia del establecimiento.

En Mar del Plata hay 9 reconocidas por la administración provincial. El resto de las bibliotecas dependen del Municipio.

Falta reglamentar la nueva Ley

Los integrantes de la Federación reclaman por otro lado que el Poder Ejecutivo reglamente la Ley 14.777 -sancionada por la Legislatura en agosto de 2015- que, entre otras cuestiones, incrementa a 3 los salarios básicos docentes que debe destinar como subvención mensual el Estado bonaerense.

“El gobierno no quiere hablar del tema, están muy cerrados al diálogo; ni siquiera se acercan a las bibliotecas”, remarcó Zurueta al respecto.

Y contó que “desde la Provincia aseguran que hay un error en la redacción de la Ley -porque figura que el Fondo Especial estará compuesto por el 0,5 de lo recaudado por la Lotería de la Provincia cuando en realidad tendría que decir del 0,05- pero es un error que ellos pueden borrar y listo, no nos cambia mucho”.

“A nosotros nos interesa que se ponga en marcha esa Ley para recibir una subvención más amplia”, insistió.
Por el momento, analizan a qué instancia legal pueden recurrir para lograr esa reglamentación.

– Congelamiento del aporte de Nación

A las dificultades se suma el congelamiento del monto que destina la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip).

“Hace ya 3 años que están girando el mismo importe, lo que significa un 60 ó 70% de atraso en relación a la inflación”, contó Luis Zurueta a LA CAPITAL.

Según detalló el secretario de la Federación, los subsidios de Conabip implican “entre 70 mil y 100 mil pesos anuales a una biblioteca categoría 1”.

“Pero desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri esa cifra no cambió”, aseguró.

La reglamentación indica que el 50% de ese subsidio debe ser destinado a la compra de libros y a gastos corrientes para el funcionamiento de la institución -pago de tarifas de los servicios y mantenimiento edilicio, entre otras cuestiones- y que el otro 50% se puede utilizar para abonar salarios y cargas sociales de los trabajadores.

Zurueta expresó además que “queremos que el Gobierno nacional firme un decreto que permita que el 100% de esos subsidios se pueda utilizar para pagar el sueldo de los bibliotecarios”.

Por este tema ya realizaron varias presentaciones ante la Secretaría de Cultura de la Nación que conduce Alejandro Pablo Avelluto. “Nunca nos contestaron”, cerró el representante de la Federación.