El procurador general de la Corte Suprema de justicia dictaminó a favor de que la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires haga lugar al “conflicto de poderes” que denunció el Ejecutivo en el caso de la bonificación que perciben los docentes municipales.

El ejecutivo municipal presentó en diciembre del año pasado una demanda contra el Concejo Deliberante, en la que planteó la existencia de un presunto conflicto de poderes a causa de la decisión de los concejales de recomponer el valor de la bonificación docente que la gestión del intendente Carlos Arroyo había dispuesto reducir.
“Claramente se advierte un avallasamiento por parte del Concejo Deliberante de faclutades que la Constitución y las leyes reglamentarias pusieron en cabeza del titular del Departamento Ejecutivo”, destacó el procurador en su dictamen.

Además, tras enumerar todos los argumentos de ambas de partes en el conflicto, puntualizó que “el Concejo Deliberante ha ejercido -en lo que se refiere a remuneraciones- una invasión de competencias, ya que, en el caso bajo exámen, las normas aplicables son claras en el sentido de conferirle al titular del Departamento Ejecutivo municipal la exclusividad en esta temática”.

El conflicto se originó cuando a fines de octubre el intendente Carlos Arroyo dispuso modificar el pago de una bonificación que reciben los docentes municipales, que durante los últimos 20 años permitió que sus remuneraciones fueran ligeramente superiores a las de los los maestros y profesores del sistema educativo provincial.

Poco después, luego de un amplio rechazo a la medida por parte de docentes, gremios e incluso concejales oficialistas, el Concejo Deliberante aprobó por insistencia una ordenanza que revirtió el decreto de Arroyo.
Lo aprobado por el cuerpo legislativo, dispuso que, tal como se lo hizo durante los últimos 30 años, la municipalidad les liquide a sus docentes una bonificación especial tomando como referencia a la remuneración asignada a un agente municipal con una carga laboral de 35 horas semanales.

De este modo, se dio marcha atrás con el decreto del intendente por el cual se había dispuesto que la bonificación fuera reducida,y comenzara a ser liquidada en base a la remuneración de un agente municipal con una carga laboral de 24 horas semanales.

Ante esta situación el Ejecutivo impulsó una demanda contra el Concejo Deliberante, a través de la cual planteó la existencia de un presunto conflicto de poderes. El principal argumento es que al haber revertido el decreto que recortaba las bonifiaciones, el Concejo se habría atribuido una competencia que no le correspondería ejercer.