La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anunció este jueves una modificación de la Ley Nacional de Tránsito que obligará a los motociclistas a llevar el número de la patente en su casco y en el del acompañante, para tener un mayor control de identificación con el fin de combatir a los “motochorros”.

En una conferencia de prensa que brindó esta mañana junto a otros funcionarios en una sede de su cartera, situada en México 12, Bullrich explicó que esta modificación al Decreto Reglamentario de la mencionada ley posibilitará “tener una estrategia contra aquellos que las utilizan como elemento para el delito”.

“Se trata de una serie de medidas que van a permitirnos, en un corto plazo, tener todas las motos regularizadas“, agregó la ministra.

Bullrich explicó que, una vez reglamentada la normativa, los conductores deberán utilizar un casco que lleve grabado el número de patente de su vehículo, ya que “es tan baja la altura de las motos, que a veces no son identificables por los detectores de patentes”.

Además, dijo que los acompañantes que se trasladen en esos vehículos también deberán portar el casco con la patente y un chaleco refractario señalizado con el número de identificación del rodado, “para que los detectores y los automovilistas puedan tomar esa información”.

Bullrich comentó además que otro cambio que se introducirá con la nueva normativa será la obligación de los empleados de las estaciones de servicio de cargar combustible únicamente a aquellas motos cuyos conductores se presenten con el casco numerado que especifica la ley, algo que sería “absolutamente fácil de realizar”.

En tanto, la funcionaria consideró que los cambios presentados fueron pensados para “trabajar sobre el problema que generan aquellos que utilizan la moto para robar” y “darle más protección a la gente, para que se queden todos tranquilos los argentinos que usan su moto para ir a trabajar y para ir a estudiar”.

Respecto de su aplicación, la ministra precisó que se otorgará un plazo de noventa días para que los motociclistas se regularicen, que habrá “un período en el Registro de Propiedad Automotor para que se registren aquellos que aún no tienen patentes”, y que cada provincia aplicará el Decreto “según considere mejor”.

En ese sentido, el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, quien también participó en la confección del proyecto, aseguró que “el uso de la moto va a continuar con las mismas libertades que antes”, pero que como en el interior del país “el uso de la moto se multiplica, entre otras cosas, por la falta de transporte público, cada provincia tendrá la potestad de tomar la decisión más adecuada” a su situación.

“Trabajamos para hacer una normativa que combata el delito pero no afecte el uso de las motos”, dijo, y consideró que “a diferencia de los parches que se hicieron anteriormente, ahora hay una política pública y compartida con todas las provincias, que va a hacer que esta decisión tenga éxito y ayude a reducir el flagelo de la inseguridad”.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que desde su gabinete van a “acompañar y reglamentar la legislación necesaria para instrumentarlo” lo antes posible, porque la cuestión de los “motochorros” está vinculada a “uno de los varios problemas que hay alrededor del tema de la inseguridad”, ya que “hay muchos delitos cometidos en motos de a dos”.

“Claramente es un tema que hace al Plan Integral de Seguridad que estamos impulsando en la Ciudad, a partir de la creación de la nueva Policía”, comentó, y agregó que la medida “va de la mano con el control que se está haciendo a partir de hoy en todo el microcentro, donde no solamente se van a identificar las motos mal estacionadas sino que se van a incautar las motos que no tengan patentes”.

Además, su ministro de Seguridad, Martín Ocampo, aseguró que el plan será puesto en práctica en conjunto con su par bonaerense, Cristian Ritondo -también presente en la conferencia-, dentro del llamado “anillo digital de seguridad” que fue implementado hace un año y consta del empleo de tecnologías de control vehicular ubicadas en distintos puntos del área metropolitana.

Para ejemplificar respecto a las medidas de este tipo, el ministro de Gobierno y Justicia de Entre Ríos, Mauro Urribarri, comentó que en su provincia hace dos años que rige un decreto que “faculta a la Policía a hacer operativos conjuntamente con agentes de tránsito”, a través del cual “se redujeron un noventa por ciento los delitos cometidos con una moto”.

“En Entre Ríos tenemos un parque automotor de trescientas mil motos, y en lo que va de los últimos dos años se secuestraron cincuenta mil”, mencionó.

El funcionario comentó que “al principio hubo una oposición de la sociedad”, pero que “hoy en día es algo muy respetado” y que su resultado “fue muy importante en orden a la baja de los delitos y de los costos hospitalarios, porque muchos accidentes ocupaban la gran mayoría de las camas disponibles en las ciudades más grandes de la provincia”.