Los ministros argentinos de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Defensa, Luis Petri, presentaron los nuevos proyectos de ley que enviarán al Congreso para modificar el Código Penal en su combate contra el crimen organizado, que incluirá variaciones en la legítima defensa.

“Lo primero que vamos a plantear es la llamada Ley Antimafia. La ley contra las organizaciones criminales cambia de cuajo el modelo que hoy significa que vayamos agarrando hormiguita por hormiguita. Ahora vamos por el hormiguero”, dijo Bullrich.

Esta norma, según explicó la ministra, tiene su esencia en el Código Antimafia de Italia italiano y en la Ley RICO de los Estados Unidos “para combatir bandas y clanes”, que después fue adoptada en El Salvador para combatir a las pandillas conocidas como ‘maras’.

Este proyecto elevará la pena, de manera que todas aquellas personas que integren las organizaciones criminales, participando en delitos como narcotráfico, homicidios, pornografía infantil, privación ilegítima de la libertad, extorsión o trata de personas, y sea cual sea su intervención, tendrán ya no una condena individual, “sino la pena por pertenecer a esa organización mafiosa”.

Rosario, la tercera ciudad más poblada de Argentina, sufrió en las últimas semanas el recrudecimiento de la violencia asociada al narcotráfico, lo que llevó al Ejecutivo nacional a organizar un comando unificado de crisis junto a los Gobiernos de la provincia de Santa Fe y de la propia ciudad.

El ministro Petri se refirió a las tareas logísticas que tienen asignadas las Fuerzas Armadas, impedidas de efectuar labores de patrullaje o detención por la ley de seguridad interior.

En ese sentido, anunció que el Gobierno pedirá una modificación de dicha norma para que, a partir de la declaración de actos terroristas, las Fuerzas Armadas “queden habilitadas para patrullajes, control de personas y vehículos, control de instalaciones y aprehensión en flagrancia”, así como disponer “la actuación y la posibilidad de utilizar medios coercitivos” sin ser punibles “porque serán consideradas en el cumplimiento del deber”.

El Gobierno también buscará modificar los conceptos de “legítima defensa” y “cumplimiento del deber” del Código Penal para beneficiar en su tarea al personal de las fuerzas de seguridad, a quienes consideró que siempre actúan “cumpliendo con el deber que le dio la sociedad al darle un arma”, dijo Bullrich.

En lo que respecta al orden público, la ministra reforzó la idea de proponer penas para quienes organicen marchas, cortando las calles u “obligando a la gente a participar”, algo que tuvo su antecedente en el denominado ‘protocolo antipiquetes’, que impide manifestarse sobre la vía pública y obliga a las organizaciones convocantes a cargar con los gastos de los operativos de seguridad.