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El País 16 de agosto de 2022

Buscan avanzar en Diputados proyectos que penalizan a conductores que corren picadas

Prisión de 9 meses a 4 años e inhabilitación especial para conducir por el triple del tiempo de la condena son algunas de las penas en uno de los proyectos presentados. En el caso de que resultaren víctimas fatales, la pena será de prisión de 8 a 25 años.

Operativo contra las picadas clandestinas.

La Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados se reunirá para iniciar el debate de proyectos que buscan modificar el Código Penal y penalizar la conducción imprudente de vehículos, en particular para imponer penas específicas en el caso de carreras ilegales conocidas como “picadas“.

El encuentro, que se realizará a las 14, contará con la presencia de integrantes de la Asociación Civil Madres del Dolor y de Noemí Contreras, mamá de Tahiel Contreras, un niño de 6 años que murió en septiembre de 2020 luego de ser atropellado durante una picada en la localidad bonaerense de Gregorio Laferrere.

Entre los proyectos que buscan penalizar las carreras ilegales se encuentra una iniciativa de la diputada del PRO María Luján Rey, presidenta de la comisión, y que establece que “será reprimido con prisión de 9 meses a 4 años e inhabilitación especial para conducir por el triple del tiempo de la condena, el conductor que participare en una prueba de velocidad o de destreza con un vehículo con motor, realizada sin la debida autorización de la autoridad competente”.

A través del texto, se establece que “la misma pena se aplicará a quien organizare o promocionare dicha conducta, y a quien posibilitare su realización por un tercero mediante la entrega de un vehículo con motor de su propiedad o confiado a su custodia, con conocimiento que será utilizado para ese fin”.

Asimismo, la iniciativa precisa que “si las conductas descritas fueran llevadas a cabo en una zona urbana, serán reprimidas con prisión de 2 a 5 años, e inhabilitación especial para conducir por el triple del tiempo de la condena”.

En el caso de que resultaren víctimas fatales, la pena será de prisión de 8 a 25 años, e inhabilitación especial vitalicia para conducir cualquier tipo de automotor”, según establece la iniciativa.