El oficialismo en el Concejo Deliberante elevó un proyecto para modificar el Reglamento para Inspectores Municipales y avanzar con un proceso de digitalización de las actas de infracciones en un plazo de dos años.

La iniciativa es impulsada por el legislador Marcelo Cardoso, del PRO, el bloque más afín al Ejecutivo Municipal. A grandes rasgos, el proyecto establece que los inspectores podrán labrar las actas en dispositivos electrónicos, con la misma validez jurídica, eficacia probatoria y efectos administrativos que las realizadas en formato papel.

Los agentes municipales podrán utilizar medios digitales para labrar actas, registrar las actuaciones y notificar a los presuntos infractores. El objetivo es actualizar el procedimiento y reducir el uso de documentación en soporte físico, en línea con otras normas sancionadas o a las que se adhirió la comuna en el último tiempo.

La transición hacia la digitalización durará dos años y durante el proceso podrán coexistir ambos formatos. Cumplido ese plazo, el acta electrónica será la modalidad ordinaria y obligatoria en el municipio.

El papel solo podrá utilizarse cuando existan problemas técnicos, falta de conectividad o razones de fuerza mayor. El inspector deberá dejar constancia fundada y digitalizar el acta cuando se restablezca el sistema.

El proyecto propone que el acta digital contenga la firma del inspector, así como los datos que se exigen en el reglamento: lugar, fecha, hora, descripción del hecho, identificación del infractor y la norma infringida, entre otros.

Además, la iniciativa busca priorizar la notificación de las actas mediante el domicilio electrónico del presunto infractor. Si la persona no lo brinda o no es posible utilizarlo, se entregará o fijará una constancia física con los datos necesarios para acceder al acta online.
Este sistema se aplicaría a procedimientos como clausuras, decomisos, intervenciones o controles de obras.

En los fundamentos del proyecto, Cardoso destacó la “imperiosa necesidad” de actualizar el régimen vigente para el labrado, registración y notificación de las actas de constatación de infracciones en el ámbito local. Esto permitiría optimizar los procedimientos de fiscalización, “mejorando la trazabilidad de las actuaciones y fortaleciendo los mecanismos de control”.