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La Ciudad 21 de enero de 2021

Buscan modificar el “derecho de admisión” luego de la denuncia por discriminación en un boliche

Se realizó en la ciudad una mesa de trabajo sobre discriminación, diversidad corporal y gordofobia. Entre otras cuestiones, se planteó la necesidad de modificar las ordenanzas municipales que regulan a los comercios nocturnos.

Mesa de trabajo en el Faro de la Memoria.

 

A raíz de la denuncia por discriminación en un bar de Playa Grande realizada la semana pasada por la turista tucumana Sofía Ortiz Andrada, la delegación bonaerense del Instituto Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la Xenofobia (INADI) participó ayer de una mesa de trabajo sobre discriminación, diversidad corporal y gordofobia en la ciudad.

Del encuentro que se llevó a cabo en el Faro de la Memoria de Mar del Plata, surgieron reflexiones y propuestas de reuniones  con las Cámaras empresariales de bares, restoranes y boliches para debatir y poner freno a la discriminación en esos ámbitos, ofreciendo capacitaciones y recomendaciones de buenas prácticas.

Además se habló de la posibilidad de formar promotores que aborden a la juventud en esos lugares de esparcimiento e informen acerca de las herramientas disponibles para la defensa de sus derechos.

Modificar el “derecho de admisión”

Por otra parte, se planteó la necesidad de actualizar la Ley nacional de actos discriminatorios y de modificar las ordenanzas municipales que regulan a los comercios nocturnos y el llamado “derecho de admisión”, así como también se expuso sobre los episodios por los cuales las personas con cuerpos fuera de los parámetros hegemónicos -llamados gordos y gordas- deben atravesar, y de todos los derechos que se pierden porque los lugares de salud, culturales y esparcimiento no tienen disponibles espacios acordes a ellos/as, entre otras cuestiones.

La mesa de trabajo contó con la presencia de las Defensorías del Pueblo de la provincia de Buenos Aires y del Municipio de General Pueyrredón, el Organismo de Niñez y Adolescencia provincial, la Subsecretaría de Derechos Humanos municipal y referentes sociales de los gremios CTA, CGT y CTAA.