Frente al agravamiento de la crisis económica que afecta a la industria pesquera y ante la inminente apertura de la zafra nacional de langostino, cámaras empresariales del sector fresquero acordaron una serie de condiciones mínimas para garantizar la sostenibilidad operativa y económica de la actividad. La decisión fue tomada tras una reunión celebrada el pasado lunes, en la que se discutieron los sobrecostos crecientes que enfrenta la flota y la falta de definiciones claras sobre precios y reglas de juego.

Entre los puntos consensuados se destacaron los valores de referencia, estableciéndose que no se aceptarán precios por debajo de los registrados durante la zafra de aguas nacionales de 2024 para el langostino fresco, en un intento por evitar operaciones a pérdida que comprometan la viabilidad del sector.

Se indicó que la remuneración a tripulaciones deberá ajustarse estrictamente a los convenios vigentes, rechazando categóricamente las “tablas” unilaterales de liquidación por cajón, que vienen generando tensiones laborales y desprotección de derechos.

En cuanto al plan de manejo pesquero, se resolvió no avanzar con la preparación de los barcos hasta que se introduzcan modificaciones en el plan de administración de la pesquería de langostino. Las cámaras reclaman mayor previsibilidad, eficiencia y equidad en el manejo del recurso.

Además, las entidades empresariales –que incluyen a la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera, la Cámara de Armadores de Buques de Altura, la Capear, la Cámara del Golfo San Jorge y la Unión de Intereses Pesqueros– ratificaron en un documento su decisión de no participar de la próxima zafra si no se cumplen estas condiciones mínimas. Plantean también la necesidad de convocar a una comisión que analice la formación de precios en un contexto fuertemente distorsionado por el impacto del dólar blue y las remarcaciones sin control.

El documento expresa un llamado al consenso dentro y fuera del sector, y remarca la importancia de actuar con unidad y responsabilidad para proteger el empleo, la rentabilidad de las empresas y la sustentabilidad del recurso pesquero.