La Justicia falló a favor del recurso de amparo presentado por la Defensoria del Pueblo de General Pueyrredon y ordenó al Ejecutivo la paralización de las obras del Centro de Recuperación Canina y de Adiestramiento de Perros de Asistencia emplazado en Laguna de los Padres, al tiempo que los exhortó a presentar un estudio que garantice el impacto ambiental que el proyecto implicará para la zona.

La resolución lleva la firma de la jueza Lucrecia Bustos, del juzgado de garantías Nº6, y tuvo lugar tras el recurso de amparo interpuesto el jueves de la semana pasada por los defensores del pueblo Luis Salomón, Daniel Barragán y Fernando Ricci.

“Vemos muy favorable la decisión de la jueza. Sobre todo después de las críticas desmedidas y las agresiones casi personales de varios funcionarios hacia los defensores, que lo único que pedíamos es que se haga lo que se tiene que hacer. Ninguna obra de esa magnitud puede hacerse sin un estudio de impacto ambiental”, señaló a LA CAPITAL el defensor Luis Salomón.

Fernando Ricci, Luis Salomón y Daniel Barragán, los tres defensores del pueblo.

La creación de los caniles en Laguna de los Padres fue anunciada por el intendente Carlos Arroyo como una respuesta inmediata al incremento de ataques de perros en el municipio, que en lo que va del año registra un promedio de cuatro denuncias diarias por mordeduras.

Sin embargo, desde la Defensoría del Pueblo advirtieron que las normativas vigentes no habilitan la construcción de ese tipo de obras en espacios considerados y resguardados como reservas naturales. De hecho, indicaron que la construcción está frente a la Playa de los Patos, donde concurren distintas especies de aves a nidificar, “lo que pondría en peligro distintas especies autóctonas, afectando el equilibrio natural y amenazando con el incremento de la presencia de perros sueltos que generan jaurías depredadoras”.

Además, señalaron que la ordenanza municipal 21.598 determina que las intervenciones edilicias merecen ser sometidas a evaluación de impacto ambiental. “Si cualquier vecinos tiene que cumplir la normativa, el intendente también”, indicó Salomón, quien también destacó que desde la Defensoría “no critican” la obra y la “búsqueda de una solución al problema de los perros sueltos”, pero sí aseguran que “ese no era lugar correcto por el daño que podía llegar a ocasionar”.

En concreto, el fallo de la jueza ordena suspender “por el plazo de 60 días corridos de notificada todo tipo de proyecto, obra o construcción realizado con motivo de la creación del Centro de Recuperación Canina y de Adiestramiento de Perros de Asistencia”. Además, en el transcurso de esos días, pide la presentación “del correspondiente estudio de impacto ambiental, que deberá ser practicado por una entidad autárquica e independiente como la Universidad Nacional de Mar del Plata”.

El rechazo a la realización de la obra por parte de la Defensoría llevó al intendente Carlos Arroyo a criticar duramente el desempeño de los defensores. Además de asegurar que se “iba a ocupar de ellos” y que les daba “vergüenza”, el jefe comunal disparó molesto ante el recurso de amparo interpuesto: “Van a tener todas las contestaciones que deban tener, porque no voy a permitir nunca más que los incapaces, los que viven de la nada, los que no saben, traten de gobernar y mentir, engañando a la población cosas que no son ciertas”.

Arroyo se mostró molesto por la iniciativa de los defensores y aseguró que eran una “vergüenza”.

Sobre las agresiones, Salomón señaló: “No sé de dónde salieron esos agravios. Nosotros no cuestionamos la decisión del intendente o el acuerdo transaccional que él tenía con la empresa que iba a construir el canil y tampoco criticamos las obras. Simplemente dijimos que esos trabajos en ese sector podían dañar al medio ambiente y había una ordenanza que no se estaba cumplimiento, lo intimamos y ahora la Justicia nos dio la razón”.

El acuerdo empresarial al que Salomón hace referencia corresponde al acta que firmó el intendente el 10 de abril con Playa Azul SA, concesionaria del estacionamiento de Playa Grande. El acuerdo estableció que la empresa se haría cargo de construir un Centro Municipal de Veterinaria y Zoonosis (los caniles de Laguna de los Padres), de poner en valor el inmueble de la calle 11 de septiembre Nº 2061 y de llevar a cabo la demolición de la UTF (Unidad Turística Fiscal) Balneario Nº 5 de La Perla. A cambio, la empresa quedaba autorizada a concretar una modificación en la propuesta de inversión proyectada, que será admitida dentro del rubro “salón de usos múltiples con destino a fiestas y eventos gastronómicos”.

En otras palabras, el intendente le permitió a la empresa llevar adelante su proyecto de instalar un boliche, una propuesta que no está incluida en el pliego original del estacionamiento, a cambio de la realización de otras tres obras. Previo a ello, la firma beneficiada había quedado al borde de que le sacaran la concesión del estacionamiento por no ejecutar las obras previstas originalmente.