La Cámara Federal de Casación Penal instó a tribunales inferiores a que otorguen prisiones domiciliarias a presos que integran grupos de riego de contagio frente al coronavirus y también para aquellos que estén condenados o con prisión preventiva por delitos leves.

Sobre aquellos condenados por delitos graves el Tribunal encomendó que se evalúe la situación “con extrema prudencia y carácter sumamente restrictivo”.

Lo resolvió el pleno del Tribunal mediante acordada a raíz de la disparidad de criterios con que los tribunales han actuado frente a pedidos de excarcelación o prisiones domiciliarias, y luego que en varias ocasiones pidiera revisar una y otra vez los planteos sobre todos de aquellos presos que integran los grupos de riesgo por superar los 60 años o bien por tener enfermedades preexistentes.

Los jueces instaron a que las prisiones domiciliarias se concedan bajo control de monitoreo, esto es pulseras magnéticas, para los detenidos que integran grupos de riesgo, a aquellos condenados o con prisión preventiva por delitos no violentos, a las mujeres embarazadas o con niños, a aquellos que presentan alguna discapacidad, y a los que estén pronto a acceder a salidas transitorias.

El pleno de Casación lleva las firmas de los jueces Angela Ledesma y los jueces Gustavo Hornos, Alejandro Slokar, Guillermo J. Yacobucci, Mariano Borinsky, Daniel Petrone, Diego Barroetaveña, Carlos Mahiques, Juan Carlos Gemignani y Javier Carbajo.

En tanto que Ana María Figueroa hizo un voto propio y los jueces Liliana Catucci y Eduardo Riggi votaron en disidencia.

La acordada de Casación es a raíz de los múltiples planteos de domiciliaria a raíz de la pandemia del coronavirus y teniendo en cuenta que hay una superpoblación en las cárceles federales: días atrás el Tribunal de Casación Bonaerense instó en el mismo sentido a que se cumpla con unos 900 detenidos en cárceles bonaerenses.

Dentro de aquellos que el tribunal recomienda otorgar domiciliaria, están los condenados a penas de hasta 3 años de prisión, personas condenadas a penas de hasta 3 años de prisión; exponerlas a un mayor riesgo de complicaciones graves a causa del COVID-19, y personas inmunodeprimidas o con condiciones crónicas como enfermedades coronarias, diabetes, enfermedad pulmonar y VIH. Las evaluaciones en cada caso deberían determinar si es posible proteger su salud si permanecen detenidas y considerar factores como el tiempo de pena cumplido y la gravedad del delito o la existencia de riesgos procesales y el plazo de la detención, para los procesados.

El Tribunal hizo un apartado sobre aquellos casos con delitos graves y en ese sentido instó a “meritar con extrema prudencia y carácter sumamente restrictivo la aplicabilidad de estas disposiciones, conforme normas constitucionales, convencionales y de derecho interno, según la interpretación que el órgano jurisdiccional haga en cada caso”.