Dos de los cuatro ciudadanos libaneses solicitados con orden de captura internacional como sospechosos de tener vínculos con el atentado contra la sede en Buenos Aires de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) se nacionalizaron paraguayos en 1989 y 1993, confirmó una división de la Policía Nacional de Paraguay.

Según el director del Departamento de Identificaciones de la Policía, comisario José Félix Vega, se trataría de Hussein Mounir Mouzannar y Alí Hussein Abdallah.

“Tenemos la carta de naturalización, la resolución expedida por la Corte Suprema de Justicia de esas dos personas y todos los documentos pertinentes”, señaló Vega a la radio ABC Cardinal.

El jefe policial explicó que Hussein Moaunir renovó su cédula de identidad paraguaya en 2018. Alí Hussein hizo lo propio en 2001.

Sin precisar a cuál de los dos se refería, Vega indicó que uno de ellos solicitó su pasaporte el año pasado en una de las oficinas regionales del Departamento de Identificaciones. Ese trámite ya lo había efectuado antes, según el portavoz policial.

El jueves, el juez federal Daniel Rafecas pidió la captura internacional de cuatro libaneses por el caso del atentado contra AMIA, dijeron a EFE fuentes jurídicas.

Rafecas solicitó la detención de Samuel Salman El Reda, también presuntamente vinculado con el ataque de 1992 contra la Embajada de Israel en Argentina, en el que murieron 29 personas, y otros tres sospechosos.

El juez y los fiscales del caso establecieron que el atentado fue cometido con una camioneta Trafic y como responsables a la República Islámica de Irán y a Hezbollah, con apoyo de una “conexión local”.

Sin embargo, el caso ha estado desde el origen lleno de irregularidades: en 2001, comenzó un juicio que concluyó en 2004 con la declaración de nulidad de toda la investigación y la absolución de los policías argentinos imputados, a quienes se había acusado de integrar esa “conexión local”.

En 2006, la Justicia declaró prófugos a nueve ciudadanos iraníes, entre ellos el expresidente Hashemi Rafsanjani -fallecido en enero de 2017-, a quienes acusa de complicidad en el atentado.

El 18 de enero de 2015, el fiscal especial encargado del caso AMIA, Alberto Nisman, apareció muerto con un tiro en la cabeza -en circunstancias que aún se investigan- solo cuatro días después de acusar a la entonces presidenta, Cristina Fernández (2007-2015), de haber intentado encubrir a los imputados a través de un acuerdo con Irán firmado en 2013.

La actual vicepresidenta insiste con que ese acuerdo solo buscaba instaurar una investigación conjunta bilateral del ataque.

EFE.