En el marco del caso por el abuso sexual y femicidio de Lucía Pérez, las defensas de Matías Farías -condenado a prisión perpetua- y Juan Pablo Offidani -condenado a 8 años de prisión-, presentaron un Recurso de Casación contra la sentencia del Tribunal Criminal N° 2 por considerarla “arbitraria” y “absurda”.

En el escrito presentado al Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos, el defensor particular de Offidani, César Sivo, consideró que los jueces Gustavo Fissore, Alexis Simaz y Roberto Falcone incurrieron en “numerosos vicios”, como “la pérdida de imparcialidad e independencia, la violación al debido proceso y el cercenamiento del ejercicio del derecho de defensa, con una absurda y arbitraria valoración probatoria”.

Para el abogado defensor particular, estos “vicios” llevaron a los magistrados a la imposición de una pena infundada.

César Sivo entendió que si el fallo del Tribunal N° 2 es usado como precedente, tendría “nefastas consecuencias”. “Para el feminismo sería que la palabra de una mujer o su capacidad de decidir sobre su propio cuerpo, dependerá de jueces varones, quienes con parámetros morales establecerán sobre esa voluntad“, explicó.

Otra consecuencia negativa sería, según Sivo, para las mujeres vulnerables, ya que ellas “podrían jamás dar un consentimiento válido de ninguna especie, condenándolas a la castidad absoluta” y, siguiendo en la lógica que el abogado defensor entiende que plantea el fallo, “cualquier mujer es vulnerable por ser tal” y sin posibilidad de decidir en una relación asimétrica de poder; pues, siempre que haya un varón harían actos nulos.

“La extraña presunción de no voluntad, de incapacidad por la sola condición es la que estos jueces deberán explicarles a las mujeres que luchan por la igualdad, que pelean por sus derechos y que pensaban que, a mediados del siglo XXI, ya no quedaban dentro de poder judicial funcionarios que atrasen de este modo. Como salieron a militar por la confirmación de un fallo vergonzante, deberán en algún momento, explicar también por qué piensan que las mujeres son incapaces”, consideró Sivo.

En la apelación, Sivo y la defensora Laura Solari atacaron los veinte puntos con los que los jueces concluyeron que no existió un consentimiento jurídicamente válido de Lucía Pérez para tener relaciones sexuales con Farías y que, por ese motivo, es que existió el abuso sexual.

Al respecto, el abogado defensor consideró que se trata de argumentos “absurdos”. “Es de un absurdo formal, porque se han violado las reglas de la lógica y es un absurdo material, porque se ha errado en la valoración de la prueba”, concluyó el abogado.

Por su parte, la defensora oficial de Farías, Laura Solari, explicó a LA CAPITAL que en la apelación han atacado “la arbitrariedad parcialidad de los jueces” y, sobre todo, “que el dolo no está acreditado y muchísimo menos una pena a prisión perpetua por dolo eventual”.

“Se ataca esa explicación del consentimiento y principalmente la materialidad delictiva, porque no pasaron los hechos que dicen que pasaron. Y por más doctrina extranjera que los jueces utilicen, esa doctrina no se ajusta a la realidad de lo que pasó en el juicio”, dijo Solari.

Las defensas esperan que el Tribunal de Casación se expida con un nuevo fallo, pero también existe la posibilidad que se ordene un nuevo juicio, el tercero. “Podría pasar, pero sería una desgracia y un mamarracho”, remarcó la defensora oficial Laura Solari, quien ya atravesó dos debates por la causa de la muerte de Lucía Pérez.

Pedido de nulidad

Tanto César Sivo como Laura Solari volvieron a solicitar la nulidad del juicio por considerar que hubo un “avasallamiento de los derechos humanos” de sus defendidos y una “indebida intromisión del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial”.

Los defensores consideraron que los jueces no fueron imparciales, debido a “una burda, flagrante y prohibida intromisión de poderes”, y si bien los magistrados rechazaron el planteo, tanto Sivo como Solari presentaron un Recurso de Casación para pedir la nulidad del debate.

Una sentencia a prisión perpetua

El pasado 23 de marzo, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 condenó a la pena de prisión perpetua a Matías Farías por el abuso sexual y el femicidio de Lucía Pérez (16), mientras que los jueces consideraron a Juan Pablo Offidani como partícipe secundario del primer delito y le adjudicaron una pena de 8 años.

De esta manera, Farías fue condenado por el delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por resultar la muerte de la persona ofendida, por el suministro de estupefacientes y en el marco de un contexto de violencia de género, en concurso ideal con femicidio”, mientras que Offidani por partícipe secundario del abuso sexual de Lucía Pérez y lo condenaron a 8 años de prisión que, como ya tenía una pena por la venta de drogas en el juicio anterior, resolvieron unificarle ambas condenas para que cumpla 15 años de pena en prisión.

Cabe recordar, en el alegato del fiscal Leandro Arévalo y en el de las representantes de la familia de la menor, habían solicitado la pena de prisión perpetua para Farías.

Donde sí hubo diferencias en la acusación fue en el caso de la situación de Offidani, el fiscal Arévalo lo había considerado  “partícipe secundario”, por lo que pidió que sea sentenciado a 20 años de cárcel, mientras que las abogadas Verónica Heredia y María Florencia Piermarini consideraron que su participación fue “necesaria” y, por lo tanto, debía recibir la misma pena que la de Farías.

De la absolución a las condenas 

Este fue el segundo juicio que se realizó por la muerte de Lucía Pérez. En noviembre de 2018, los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 habían absuelto por los delitos de abuso sexual y femicidio a Matías Farías y Juan Pablo Offidani y solo los habían condenado a 8 años de prisión por vender droga. Esto llevó a que los jueces Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas fueran investigados y sometidos a jury de enjuiciamiento.

La muerte de Lucía Pérez, la investigación y el primer juicio tuvieron tantos cuestionamientos que quienes intervinieron -perito, fiscal, jueces- quedaron en el centro de la opinión pública y sus carreras profesionales en tela de juicio.