El fiscal federal Juan Pedro Zoni amplió hoy la acusación por el fallido acuerdo entre el Estado y la empresa Correo Argentino, relacionada con la familia Macri, y apuntó contra el actual Presidente de la Nación por haber intervenido en un proceso en que le estaba vedado por un “conflicto de interés”.

El dictamen explica que el Estado y la empresa habían arribado a un acuerdo que, según la fiscal en lo Comercial Gabriela Boquín, representaba un multimillonario perjuicio para el erario.
Ese acuerdo fue dejado sin efecto y, según se desprende deldictamen, quien dio la orden para ello habría sido el presidente Mauricio Macri.

“Al retractarse de la aceptación a la propuesta concordataria, el representante del Estado Nacional refirió estar siguiendo expresas instrucciones del Presidente la Nación. Lo dicho denota una vez más un elemento a investigar en la presente, ya que quien da las instrucciones se encuentra incurso en incompatibilidades por conflicto de interés”, resumió el fiscal Zoni.

“La normativa vigente le impedía al funcionario público actuar en cualquier sentido en la presente causa judicial. Quien se encuentra incurso en una situación de conflicto de interés está impedido de tomar cualquier decisión, dado que podría aun indirectamente beneficiarse”, explica el dictamen.

Macri, el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, y su director general de Asuntos Jurídicos, Juan Manuel Mocoroa, ya estaban imputados, pero ahora se agregan “los directivos de las firmas Correo Argentino SA, Socma SA y Simeco SA, a los Síndicosintervinientes en el concurso de Correo Argentina SA y la jueza a cargo del proceso, Marta Cirulli”.

El dictamen, presentado ante el juez federal Ariel Lijo, denuncia “un posible vaciamiento de la concursada a favor de sus empresas controlantes en perjuicio de los acreedores”, en un contexto de presunto “fraude concursal”, informaron fuentes judiciales.

Así, el documento sostiene que “Correo Argentino SA habríaabonado a su controlante Sideco Americana SA en concepto dealquileres y otros conceptos adicionales, montos cuyo respaldodocumental no coincide con las cifras erogadas”.
También menciona “la compra por parte de la concursada a sucontrolante, Socma Americana SA, de una porción minoritaria de la sociedad Neficor SA (uruguaya) por la suma de u$s 2.210.000”.

“La conducta de la concursada respecto de la actividadvinculada a esta compraventa (…) podría importar un vaciamiento realizado en beneficio de la accionista Socma Americana SA”, sostuvo la fiscal Boquín y coincidió su colega Zoni.

“Aquel acto requería de autorización judicial previa ya que la incorporación al proyecto automotriz resultaba un acto notoriamente ajeno al objeto social de Correo Argentino SA por lo que el juez del concurso debía autorizar o no dicho acto”, lo que no ocurrió, según explica el dictamen.

Pero además, la operación incluía una “cláusula de recupero de las acciones” que, ante un escenario de crisis económica, establecía que “Correo Argentino recibirá la mitad del 25% del capital” es decir “sólo u$s 102.500, siendo que pagó la suma de u$s 2.100.000”.

El dictamen cuestiona la dilación del proceso y, especialmente, el lapso de 120 días acordado para estudiar nuevamente un eventual acuerdo entre el Estado, principal acreedor, y la empresa vinculada con el Grupo Macri.

“El paso del tiempo tiene como principal consecuencia licuar el crédito en perjuicio de los acreedores (…) más el accionar displicente con que los funcionarios intervinientes permiten que se siga dilatando el trámite en el concurso cuestionado, y así, ya sea por las consecuencias financieras del sólo transcurrir del tiempo sobre los montos adeudados o por la omisión de contralor en cuanto a los movimientos en el patrimonio de la concursada, ambos extremos conllevarían a un perjuicio a las arcas estatales”, insistió el documento.