El proyecto para regular Uber generó chispazos en el bloque de diputados provinciales de Cambiemos. Los protagonistas fueron dos marplatenses: el autor de la propuesta, Guillermo Castello, y el jefe de la bancada, Maximiliano Abad, que aclaró en una reunión con taxistas que la iniciativa “no está en la agenda del bloque ni de la Provincia”. 

El encuentro tuvo lugar el viernes al mediodía en La Plata. Participaron el intendente de esa ciudad, Julio Garro, y dirigentes de la Federación Nacional de Conductores de Taxis. Cuando terminó, los taxistas anunciaron que dejaban sin efecto el paro con movilización que habían convocado para el 1 de agosto.

Castello no ocultó su malestar. “La gente nos votó para cambiar, no para mantener el statu quo. Se está haciendo una defensa corporativa. No hay que esconder la cabeza ante los problemas”, lanzó.

El proyecto de Castello ya había generado una dura reacción en taxistas y remiseros de Mar del Plata, que consideran a Uber una “competencia desleal”. Luego de recibir a representantes de distintas asociaciones el miércoles, el intendente Carlos Arroyo anunció que no permitirá el funcionamiento de Uber en la ciudad.

“Mi obligación es hacer respetar la legislación vigente”, señaló el titular del Ejecutivo local. “Vamos a proteger y a defender el transporte local”, agregó. Y definió al servicio que prestan como “excelente”.

En abierto rechazo a las palabras del jefe comunal, Castello afirmó que en Mar del Plata hay “entre 3.000 y 4.000 remises truchos” que “no protegen la integridad de los usuarios”.

Según el legislador, su iniciativa prevé que tanto las empresas de redes de transporte como sus choferes cumplan con las mismas obligaciones impositivas y de seguridad que afrontan los taxis y remises. “Nuestro proyecto les exige a los choferes que cuenten con las debidas inscripciones impositivas y previsionales, carnet profesional, certificado de antecedentes penales, VTV y cobertura de seguros a pasajeros. Además, obligamos a las empresas a constituir domicilio en la provincia de Buenos Aires y a cumplir con los mismos requisitos que cualquier empresa radicada en suelo bonaerense, lo que permite también fiscalizar su funcionamiento”, argumentó. Por el momento, sin embargo, no parece tener el apoyo suficiente para que prospere en la Cámara baja bonaerense.