Por Jorge Raventos

Mientras el Congreso se adentra en el debate sobre el presupuesto, la perspectiva de una aprobación opositora -que Sergio Massa procura prioritariamente- se enturbia en el segundo plano por el impulso oficialista a proyectos que irritan aquellas negociaciones, como el que quiere suprimir las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), agendadas para agosto del año próximo. El Ministerio de Economía trabaja para que el tema de las primarias se asordine, no porque defienda su subsistencia, sino porque privilegia la sanción de la “ley de leyes” (ambicioso título que por inercia sigue designando a presupuestos destinados al incumplimiento).

En relación con las PASO, el oficialismo todavía no ha unificado plenamente su postura. Los gobernadores son los que primero apuntaron a eliminarlas o suspenderlas; el cristianismo duro recién esta semana pareció definirse en la misma dirección, a través de una declaración de Andrés El Cuervo Larroque, vocero calificado de La Cámpora. En cambio, la Casa Rosada y aliados del Presidente (por caso, los principales movimientos sociales) se han opuesto a modificar el régimen electoral en ese punto, razón por la cual la intención de anular las primarias aún no satisface la aritmética parlamentaria necesaria para concretarse.

No es improbable que la reticencia del Presidente y sus (escasos) aliados sea solo el amago que prepara una negociación. Se ha dicho y repetido que la anulación de las PASO provocaría problemas a la oposición, al privarla de un método institucional y objetivo de procesar sus numerosas y por momentos caldeadas diferencias internas, pero, más allá de que eso pueda ser así, también el oficialismo necesita encontrar un camino para arbitrar sus propias divergencias internas. Si no va a haber PASO, se requiere convenir antes el reparto que satisfaga mínimamente a todas las partes para evitar rupturas o la presentación de listas alternativas que suelen hacer daño.

En las legislativas de 2017, el PJ no le dio a Florencio Randazzo la chance de competir en una interna con Cristina Kirchner y aquel terminó presentándose por separado. La señora de Kirchner salió segunda. El mecanismo de las PASO cierra legalmente el camino de la secesión a los candidatos que hubieren participado y perdido.

Pese al recorte de relevancia que padece, el presidente Alberto Fernández tiene formalmente el poder de vetar una eventual ley que elimine las primarias abiertas. Esa capacidad de obstrucción eventual es una carta que juegan él y el sector que lo acompaña para forzar una negociación aceptable, particularmente en el escenario del AMBA, donde internamente prevalecen el cristinismo y oficialismos municipales renuentes a ceder posiciones.

Paritarias e inflación

Algunos actores que se han movido junto a Fernández para contener las políticas impulsadas por el cristinismo tienden ahora a hacerlo con creciente autonomía. En el edificio de la CGT se labró esta semana el acta de nacimiento del Movimiento Nacional Político Sindical, un brazo político del gremialismo destinado a hacer oír su voz en la coalición oficialista a la hora de discutir posiciones en el gobierno y en las listas electorales.
El 17 de octubre la nueva corriente celebrará la fecha máxima del peronismo en el estadio del club Obras. Signo de su actitud, los gremialistas, sin abjurar de objetivo de unidad en justicialismo, prefirieron esta vez un acto a solas, “militante y sindical”. Siempre quisieron mantener a distancia a La Cámpora y sus aliados; esta decisión indica que también quieren mostrar independencia en relación con el albertismo.

En otro plano, los gremios principales son cuidadosos frente a la difícil situación económica y la débil contextura del gobierno. Observan con atención y respaldan discretamente la política que ensaya Sergio Massa, pero no se resignan a que los trabajadores que representan pierdan capacidad adquisitiva ante el incremento de los precios. No pueden aislarse de una dinámica que los desafía.

Algunos ejemplos: los trabajadores del neumático finalmente acordaron que la paritaria iniciada en junio de 2022 y se extiende hasta junio del 2023 garantice aumentos que equiparen la inflación.

Los bancarios firmaron un acuerdo de 94 por ciento más un bono de 184.000 pesos y la inclusión de una nueva negociación en el mes de diciembre. Los sindicatos más mesurados se ven interpelados por la presión de los más duros.

Lo cierto es que esa dinámica de indexación, acelerada y sin control, daña al conjunto. Se requieren influencia y ejecutividad, una perspectiva clara para decidir desde qué punto acotar la puja de ingresos y confianza de los actores económicos y sociales para lograr ese control.

Por ahora, la acción del ministro de Economía, Sergio Massa, logró acumular una cuota de poder que ha mejorado la ecuación de confianza y señala un rumbo. Esa cuota es aún insuficiente para encarar tareas mayores: reducir la brecha cambiaria y atacar con un tratamiento decisivo la inflación.

Manes y el maniqueísmo

Del otro lado del espejo, es muy interesante observar el fenómeno desatado por una respuesta que expuso el neurocientífico y diputado Facundo Manes al hablar del macrismo (socio principal de la coalición a la que pertenece) en un canal de cable. El siempre perspicaz Carlos Pagni destacó ayer en su columna de La Nación “la oleada de bullying que recibió el médico por mencionar el espionaje ilegal y las operaciones judiciales” que se desarrollaron durante el gobierno de que presidió el fundador del Pro.

“De las operaciones irregulares de la AFI conducida por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani no cabe tener dudas -abundó Pagni-. Las causas están abiertas. La penalización ha sido, hasta ahora, de distinto alcance. Algunos expedientes duermen en Comodoro Py con total negligencia de los jueces.”

El doctor Manes viene intentando subrayar, desde que se aventuró en el territorio de la política, que él encarna una especie diferente, que no lo guía lo que podría definirse como lógica del poder, sino la del servicio público. Esa distinción esconde, si se quiere, un menosprecio o una descalificación de la política como actividad, pero Manes -a diferencia de, por caso, Javier Milei y sus ataques a “la casta”- no incurre en ese tipo de generalizaciones. Él admira a políticos como Raúl Alfonsín, por ejemplo. Lo que probablemente quiere decir Manes es que no tiene interés en asociarse con prácticas desaprensivas como algunas que señaló al gobierno de su propia coalición y él puso bajo la etiqueta “populismo institucional”. Manes insiste en que entró a la política con la voluntad de denunciarlas y procurar cambiarlas, fueran ejecutadas por adversarios o aliados.

Que desde el Pro y el círculo de Mauricio Macri se alzaran cuestionamientos a las palabras de Manes era imaginable. Pero los golpes contra el neurólogo fueron más amplios. Se puso en funcionamiento un dispositivo que incluyó desde la usual artillería de trolls en las redes hasta los comentarios periodísticos facciosos, pasando por la búsqueda urgente de declaraciones de políticos del radicalismo de modo de arrinconar a Manes en una situación de aislamiento. “La reacción de la dirigencia de Juntos por el Cambio fue fulminante”, describe Pagni.

También resulta interesante observar que en el seno del periodismo hay capacidad de reacción. El artículo de Pagni es un ejemplo. También vale citar a otro destacado periodista, Marcelo Longobardi, que esta semana,

desmarcándose de actitudes maniqueas que registra en los medios, puntualizó que “hoy en día hay una suerte de periodismo militante similar al del kirchnerismo. En lugar de insultar a todo el mundo, están dedicados a insultar a los rivales de Macri”.

Ayer, Elisa Carrió pareció señalar otro ángulo del mismo fenómeno: “A veces miro la televisión -dijo- y me da la impresión de que el periodista es el político. Están como todos los roles cambiados, pero esto forma parte de la anomia, una sociedad que no tiene ley”.