Los abogados Eduardo Salvador Ullúa -luego de estar nueve años prófugo- y Oscar Héctor Corres fueron condenados hoy a prisión perpetua y cinco años de prisión, respectivamente, por delitos de lesa humanidad cometidos en la antesala del golpe cívico militar de 1976: se los sentenció como miembros de una asociación ilícita que impartió terror en Mar del Plata, y Ullúa además fue condenado por ocho homicidios.

La lectura del veredicto estuvo a cargo del juez Enrique Méndez Signori, acompañado por sus colegas Nicolás Toselli y Daniel Obligado. En la sala del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata estuvieron presentes también el fiscal general Pablo Ouviña junto a los auxiliares fiscales María Eugenia Montero y Santiago Ghiglione, los miembros de las querellas Gloria León por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación e Irineo Di Matteo por la Universidad Nacional de Mar del Plata. Corres estuvo también en la sala acompañado de sus defensores oficiales, mientras que Ullúa siguió el final del debate desde Campo de Mayo, donde permanece detenido.

El juicio se desarrolló durante un año y tres meses, aunque la mitad del debate se dio desde la virtualidad que impuso la pandemia por COVID 19: así se escucharon algunas testimoniales, alegatos y últimas palabras.

El veredicto que se conoció este jueves fue en sintonía con el pedido realizado en octubre por el representante del Ministerio Público Fiscal, quien detalló el accionar y los crímenes cometidos por la asociación ilícita, valoró la prueba reunida en el expediente y dio el marco de la calificación legal de los hechos.

El accionar de los condenados

Para el Ministerio Público Fiscal había quedado probado que la pertenencia de Corres a la asociación criminal no se interrumpió con su encarcelamiento en 1971 luego del asesinato de la estudiante Silvia Filler. “Al recuperar la libertad en 1973, Corres continuó perteneciendo a la CNU y cuando el grupo pasó a ser uno de los ejecutores de la asociación ilícita, él también lo hizo”, había dicho el fiscal al momento del alegato, que ubicó al acusado no sólo en un lugar estratégico dentro de la estructura estatal universitaria, sino también en los operativos violentos contra opositores políticos.

Al analizar la responsabilidad de Ullúa, el fiscal explicó en su acusación que formaba parte del núcleo de la CNU: “estuvo involucrado en todas las acciones desde el momento mismo en que la organización hizo su presentación en sociedad”, mencionó. En función de su rol asignado, Ullúa ocupó puestos tanto en la Universidad como en la Fiscalía Federal. Esto “lo pone en un lugar con capacidad para influir tanto en la selección de los blancos, como en la planificación y en la ejecución de los operativos”. Y al analizar la noche denominada del 5×1, en la que fueron víctimas Enrique Elizagaray, Guillermo Enrique Videla, Jorge Enrique Videla, Jorge Lisandro Videla y Bernardo Goldenberg; los asesinatos de los contadores Daniel Gasparri y Jorge Stoppani; y el secuestro y asesinato de María del Carmen Maggi, señaló que Ullúa co-determinó quiénes serían las víctimas; co-planificó cómo se realizarían los hechos y participó de las ejecuciones.