Los colegios privados se preparan para retomar las actividades académicas y para afrontar el inicio del ciclo lectivo 2026 “con preocupación” sobre cómo resolverán el “desacople financiero” que provocan los meses en los que no tienen ingresos, aunque mantienen todos los costos operativos del servicio.

Según comunicó la Asociación de Institutos de Enseñanza Argentina (Aiepa), a esta problemática habitual que se reitera en esta época del año, se suma la resolución de los recientes acuerdos salariales retroactivos para los docentes de la Provincia.

Las instituciones advierten sobre “un fuerte desequilibrio económico”, ya que deben pagar costos laborales incrementados desde diciembre sin que se hayan habilitado actualizaciones en los montos de las cuotas escolares.
En esa línea, aclararon que los institutos de enseñanza que reciben aporte estatal del Estado “sólo pueden modificar los aranceles a partir del mes de marzo”.

“El núcleo del problema que plantean los colegios es la imposibilidad legal para actualizar sus aranceles al mismo ritmo que los incrementos salariales”, comunicó Aiepa.

“Según la normativa vigente, los colegios con aporte estatal sólo pueden cobrar cuotas actualizadas a partir de marzo, lo que genera una brecha de tres meses sin cobertura para los nuevos costos laborales”, explicó el secretario ejecutivo de Aiepa, Martín Zurita.

Las instituciones deben afrontar de manera inmediata -con la liquidación de haberes de enero- aumentos salariales retroactivos a diciembre y enero (incluyendo el proporcional del aguinaldo), además de los sueldos de febrero (en los primeros días de marzo).

Todo eso, aclararon, sin modificar el monto e incluso sin cobrar aranceles en esos meses de receso de la actividad académica.

Se estima que las escuelas deben cubrir un costo salarial acumulado de aproximadamente el 8.1% (1.5% de diciembre y SAC, 3.3% de enero y 3.3% de febrero, según se fijó en la paritaria con el gobierno recientemente).

En la Provincia de Buenos Aires funcionan aproximadamente 4.800 colegios privados que reciben subvención estatal para cubrir parte de los salarios docentes.

Esta cifra representa más del 70% del total de los establecimientos educativos de gestión privada en la provincia. Estas 4.800 instituciones deben continuar respetando los topes arancelarios establecidos por el gobierno.

“El sistema está atravesando un momento de cambios y debe afrontar desafíos severos. Una de las principales preocupaciones es la fuerte caída en la cantidad de alumnos de todo el sistema educativo, un fenómeno que se está extendiendo en todo el país”, dijo Zurita.

Además, en los últimos años los colegios reportan niveles de morosidad por encima del promedio histórico, por dificultades en los presupuestos familiares.

“Además tenemos el aumento constante de los costos operativos que requiere el funcionamiento de instituciones que se esfuerzan para mejorar día a día la calidad educativa a pesar del contexto desfavorable”, remarcó el secretario ejecutivo de AIEPA.