En una jornada de cerca de cuatro horas, ayer comenzó el alegato del Ministerio Público Fiscal en la segunda parte de la causa denominada Subzona 15, que tiene como acusados a siete ex integrantes del Ejército que actuaron centralmente en el área de inteligencia durante la última dictadura cívico militar.

En la primera audiencia de la instancia final del debate, la fiscala Laura Mazzaferri, acompañada por María Eugenia Montero y Julio Darmandrail como auxiliares fiscales, adelantó que solicitará penas para Carlos Alberto Suárez, Rubén Enrique Miguel Fernández, Carlos Víctor Milanese, Emilio Guillermo Nani, Enrique Horacio Capella, Julio Efraín Irizarri y Juan Ramón Goicoechea. Y recordó que el proceso fue suspendido por incapacidad sobreviniente en los casos de los imputados Eladio Alberto Arias y Hugo Pabón.

La representante del MPF enmarcó los hechos juzgados dentro del plan sistemático de represión estatal que se desplegó en Argentina durante la última dictadura cívico militar. “Tenemos por probado que la sistematicidad delictiva fue adoptada como una política institucional de las fuerzas armadas, y que los responsables que operaron clandestinamente no actuaron por propia iniciativa, sino que se ajustaron a las estructuras, a los planes y a las reglamentaciones con absoluta naturalidad, brindando aportes que respetaban criterios de unidad de actuación, que garantizaron la efectividad en la operatividad y ejecución del plan”, sostuvo la fiscala.

Esta metodología, dijo, está acreditada también en las sentencias dictadas en los juicios de lesa humanidad realizados en la jurisdicción Mar del Plata. Lo que ahora se juzga es el segundo tramo de Subzona 15 o Juicio Acumulado, cuya primera parte tuvo sentencia en abril del 2020.

Durante la primera audiencia de alegato fiscal, que los jueces Héctor Sagretti y Fernando Machado Pelloni y la jueza María Claudia Morgese Martín siguieron de manera remota al igual que acusados y defensas, se dejó en claro que se estaba juzgando por primera vez “la estructura de inteligencia que se constituyó en la órbita de la Jefatura de la Agrupación ADA 601 –a cargo de la Subzona 15- en la que participaron varios de los imputados en este juicio, bajo la sigla COI (Centro de Operaciones e Inteligencia), y en las unidades a cargo de las áreas 15.1 y 15.2, dependientes de la Subzona, el GADA 601 y GADA 602”.

En este sentido, la fiscala reparó en que si bien cada unidad tenía dentro de su plana mayor la función de inteligencia a través de los oficiales S2, en varios de los casos analizados en este juicio, los oficiales S2 de las Jefaturas de Área pasaron a desempeñarse en comisión en la estructura de inteligencia de la Plana Mayor de la AADA.

“De esta manera, asumieron la responsabilidad primordial de la actividad de inteligencia de la Subzona, función indispensable para el dictado y ejecución de las órdenes del Comando de la Subzona y, en definitiva, del sistema de represión ilegal establecido entonces como política de Estado”, sostuvo Mazzaferri.

La imputación a Goicoechea, en tanto, no se vincula directamente con el funcionamiento del área inteligencia, sino que la prueba colectada “da cuenta de su activa participación en el marco de la denominada ‘Lucha contra la subversión’ en esta jurisdicción y, por ende, lo ubica como miembro de la asociación ilícita que habremos de describir”. El factor común y aglutinante de las imputaciones fue, desde la instrucción, la función de inteligencia desempeñada por parte de la mayoría de los imputados.

¿A quiénes se juzga?

La fiscala explicó que “una de las particularidades de estos juicios, y sobre todo cuando se llega al juzgamiento de quienes operaron en el área de Inteligencia, es que justamente sus nombres no aparecen en boca de los testigos que declaran en el juicio, o lo hacen con carácter excepcional”.

“Estamos hablando de oficiales del Ejército Argentino que cumplieron funciones dentro de un área especialmente sensible en la formulación de las operaciones de lo que se dio en llamar la ‘Lucha contra la Subversión’ y es prácticamente lógico que sus nombres hayan permanecido bien guardados por más de cuatro décadas. La clandestinidad del sistema para el que prestaron funciones y en el que cumplieron las tareas asignadas, garantizaba la impunidad a partir de ese anonimato”.

Para la fiscalía quedó claro durante el debate, y así resulta de la interpretación de los legajos personales de los imputados y sus propias declaraciones indagatorias, que “el COI de la Subzona se integraba con Oficiales que administrativamente estaban destinados –en la mayoría de los casos- a las Unidades GADA 601 y GADA 602 (como S2 o a cargo de la División Inteligencia de la plana mayor de la unidad) y que, sin embargo, eran asignados ‘en comisión’ a cumplir funciones en la Sección Inteligencia de la Jefatura de la Agrupación ADA 601, más específicamente en el centro de operaciones e inteligencia”.

Una mirada de género sobre el horror

Mazzaferri adelantó también un abordaje específico de los crímenes basados en género, cometidos en el marco del ataque generalizado y sistemático desplegado contra la población civil por parte del aparato organizado de poder enquistado en el Estado. Y citó a la socióloga e historiadora feminista Dora Barrancos, quien estableció que “hay una diferencia de género en los atributos de los que se invistió el horror del terrorismo de Estado: las violaciones, las condiciones de parto y el secuestro de los y las recién nacidos/as, aumentaron la victimización de las mujeres. No sostengo, absolutamente, que las mujeres sufrieran más que los varones, sino que les fuero infligidos repertorios más amplios del suplicio”.

En la misma línea, la fiscala refirió: “Violaciones, embarazos forzados, abortos, condiciones de parto inhumanas, sustracción de los recién nacidos y cualquier otro tipo de violencia contra la mujer en contextos de privación ilegítima de la libertad y desaparición se vinculaban no sólo con la disputa del cuerpo y subjetividad de las mujeres como territorio, sino también con el disciplinamiento de las mujeres militantes, que además de desafiar el modelo socio-económico que la dictadura vino a imponer, desafiaba el armado social patriarcal, donde la mujer estaba relegada al ámbito privado, a las tareas de cuidado y no a la arena pública de la política”.

Frente a ello, marcó la obligación del Estado y de los operadores de justicia de visibilizar los casos de violencia contra las mujeres a fin de evitar la impunidad y la reproducción de la violencia que se pretende atacar.

“A la par de las privaciones de la libertad y tormentos sufridos por las mujeres, se abordarán de manera independiente los abusos sexuales y violaciones cometidos contra las víctimas dentro del plan sistemático de represión ilegal”, expresó la fiscala.

Los hechos: los nuevos y los ya juzgados

Todos estos casos que la fiscalía dará como probados comparten una serie de características comunes, que a la vez concuerdan en varios aspectos, a los que ya han sido juzgados: la mayoría de los operativos se realizaban de noche, sin órdenes de detención ni allanamientos, en las viviendas de las víctimas –aunque también en sus lugares de trabajo o la vía pública-; los secuestradores se movilizaban en grupos nutridos, con varios vehículos -tanto particulares como de las fuerzas armadas-, y fuertemente armados, con un arsenal desproporcionado respecto de la presunta peligrosidad de las personas que iban a buscar, y el amedrentamiento se extendía a sus grupos familiares y vecinos. Luego de las detenciones ilegales, los traslados, los centros clandestinos de desaparición, las capuchas, los golpes, los manoseos, las manos y piernas atadas, la picana eléctrica, los abusos, a veces la libertad, otras la desaparición y muerte.