Se trata de Leonardo Airaldi, el extitular de la Sociedad Rural de Diamante. También es sospechoso de planificar el triple crimen de un ministro, un juez y un fiscal.
El juicio contra el marplatense Leonardo Airaldi, el ex titular de la Sociedad Rural de Diamante, que está imputado por narcotráfico y que habría contratado a un sicario para matar a un juez, inicia con un operativo de máxima seguridad sobre el Tribunal Oral Federal de Paraná, Entre Ríos, aunque la audiencia será virtual.
El comunicado oficial indicó que Airaldi, además, habría tenido intenciones de asesinar a un fiscal y a un ministro, por lo que fue incorporado al régimen de presos de alto riesgo del Servicio Penitenciario Federal.
En las últimas horas se concretó el traslado inmediato del acusado al Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, donde permanece bajo un esquema de máxima seguridad, en régimen de aislamiento, sin acceso a teléfonos celulares ni a comunicaciones no autorizadas, con el objetivo de resguardar la integridad de los funcionarios y garantizar el normal desarrollo del proceso judicial.
Si bien el exfuncionario estará de manera virtual, por Zoom, en el debate, el Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Alejandra Monteoliva, puso a disposición del ministro de Justicia y Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia; del fiscal federal Ignacio Candioti; y del juez federal Leandro Ríos todas las herramientas operativas, de protección e inteligencia de la cartera.
El debate oral también tiene como eje a otros 13 acusados por narcotráfico que habrían operado entre junio de 2019 y marzo de 2024 en las ciudades de Diamante y Paraná, mientras que Airaldi está señalado como líder, proveedor y financiador de dicha banda.
En su rol, el entonces funcionario distribuía tareas, administraba recursos humanos y materiales, además de emitir órdenes, ya que disponía de medios financieros y logísticos para la adquisición, el transporte, la distribución y la venta de drogas.
El imputado también estaría detrás de una trama criminal al haberle pagado a un sicario uruguayo para que asesinara en Punta del Este al juez Ríos y al fiscal Candioti, por un monto de 40 mil dólares.
La causa, que tramita en la Justicia Federal de Gualeguaychú, se inició a partir de la declaración de un interno que aportó información sobre la presunta planificación de atentados contra los mencionados funcionarios, plan que habría sido organizado desde el interior de la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú.