Argentina comienza a aplicar este lunes el cupo de ingreso al país de 600 viajeros por día que el Gobierno decretó para minimizar y retrasar la entrada de la variante Delta, mientras las aerolíneas muestran su descontento con una medida que, afirman, todavía no saben cómo se aplicará.

El vicepresidente para las Américas de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés), Peter Cerdá, afirmó a través de un comunicado que “tal como está, las compañías aéreas no podrán aplicar la nueva norma del Gobierno”, y destacaron que el Ejecutivo debería “informar de cómo se distribuirán las 600 plazas entre las compañías aéreas”.

“Esto debe hacerse de forma no discriminatoria y transparente, por lo que hemos solicitado una reunión urgente con los responsables. Como industria, nos gustaría seguir ofreciendo una conectividad aérea esencial hacia y desde Argentina, tanto durante la pandemia como después. Pero al tomar estas decisiones unilaterales y de corto plazo, el Gobierno corre el riesgo de aislar aún más al país”, destaca el comunicado.

Argentina ya había puesto un tope de 2.000 pasajeros diarios que podían llegar en vuelos internacionales, que ahora se redujo a 600, lo que, según IATA, “obligará a las aerolíneas a dejar en el extranjero a miles de pasajeros, principalmente ciudadanos y residentes argentinos”.

La medida contempla además que los pasajeros deben realizarse un PCR antes de abordar el avión con destino a la Argentina, otro testeo al llegar al país y un tercero al séptimo día de ingreso.

Si el test al ingreso es negativo, deberán realizar el aislamiento donde indiquen las jurisdicciones durante diez días desde el testeo realizado en el país de origen y un nuevo test para finalizarlo; si es positivo, se realizará un testeo de secuenciación genómica y cumplirá aislamiento donde indiquen las autoridades nacionales.

Luego, las jurisdicciones controlarán que quienes regresaron de viaje estén cumpliendo el aislamiento y se radicarán denuncias penales ante incumplimientos, por las que se prevén sanciones de prisión de seis meses a dos años por violación a medidas contra pandemias y de 15 días a un año por desobediencia a la autoridad pública.