La mesa de coordinación de los Comités Barriales de Emergencia, en conjunto con las centrales sindicales de la ciudad, emitieron hoy un comunicado apuntando al gobierno de Guillermo Montenegro por el “ajuste en el sistema municipal en tiempos de pandemia”.

A través de un duro documento, referentes sociales y dirigentes gremiales calificaron de “inadmisible” la postura del Ejecutivo municipal ante la decisión de modificar el régimen de guardias pediátricas en los centros de salud, medida que aseguraron “restará, entre otras cosas, 500 horas mensuales” del servicio para los niños, niñas y adolescentes de los barrios de la ciudad.

De esta manera, los CBE, las dos CTA y la CGT de Mar del Plata sentaron postura frente al reclamo que llevan adelante los médicos pediatras municipales desde hace un mes y que incluso fue puesto en discusión en la última sesión del Concejo Deliberante por parte de Acción Marplatense y el Frente de Todos, quienes destacaron la carta abierta que una médica municipal dirigió a la secretaria de Salud, Viviana Bernabei, en protesta de la política pública llevada adelante.

El conflicto en cuestión inició a mediados de junio cuando, a través del decreto 0949/20, el área de Salud de la comuna dispuso la reducción de horas de atención pediátrica durante la semana para cubrir con ellas las guardias de sábados y domingos. Hasta el momento, las horas de atención prestadas durante el fin de semana eran computadas y remuneradas de manera diferenciada a las trabajadas de lunes a viernes. El perjuicio señalado por los trabajadores es, entonces, doble: menos horas de atención para la comunidad y menos haberes para los médicos.

En el comunicado de los sectores sociales y gremiales, aseguraron que la medida implementada lejos de significar un “reordenamiento” del sistema implica solo “una ahorro de dinero”.

Además, el documento denuncia que el ajuste no solo resentirá la atención pediátrica, sino también podría generar una reducción de la planta médica municipal.

“Los trabajadores han dialogado con las autoridades de la Secretaría, quienes hasta el momento se han mostrado indiferentes a la pérdida de profesionales, muchos de los cuales se ven obligados a migrar al sector privado en razón de los magros salarios y precarias condiciones de trabajo”, indicaron, en línea con lo señalado por los propios trabajadores.

Por otra parte, los dirigentes señalaron que “el ajuste es inadmisible en el contexto actual de Aislamiento Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio por COVID 19”. 

“Si bien el gobierno municipal ha descansado en la implementación del dispositivo CuiDARnos, herramienta sanitaria gestado por las organizaciones sociales que promueve el cuidado de la salud respecto del contagio de coronavirus, esto no libera al Estado de responsabilidades con respecto a la atención primaria”, señalaron.

“Los CAPS ayudan a descomprimir la demanda en hospitales y evitar la circulación de los ciudadanos en los medios de transporte, mucho más hoy que el aumento de la curva de contagios en nuestra ciudad es un hecho y no se descarta contagio comunitario, con el riesgo que ello implica”, agregaron.

En este sentido, los manifestantes solicitaron a Montenegro “que dé marcha atrás con ésta decisión” y que “cumpla con la ley y deje de maltratar a los trabajadores”.

“Ya lo ha dicho el gran sanitarista Ramón Carrillo que todas las personas tienen iguales derechos a la vida y a la sanidad, y los niños además tienen un plus de atención prioritaria como afirma el artículo 14 de Ley Nacional N°26061 de Promoción y Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes”, señalaron.

Y concluyeron: “Es imprescindible jerarquizar a los trabajadores con los reconocimientos económicos acordes a la tarea que desarrollan, que implica entre otras cosas poner el cuerpo en la trinchera, a través de un trabajo imprescindible y silencioso con los niños y sus familias, desde donde sobre todo se forjan hábitos saludables que promueven una mejor calidad de vida y un menor grado de enfermedad”.