Por Fernando del Rio

Dentro de seis meses entrará en vigencia el nuevo Régimen Penal Juvenil y el Departamento Judicial Mar del Plata verá afectado de manera notoria su funcionamiento y se augura que, sin asignación de nuevos recursos, podría tener importantes complicaciones.

El cambio central de la nueva ley es la ampliación del rango de edad de punibilidad, que incluirá a menores entre 14 y 16 años, cuando en la actualidad solamente se limita a los menores entre 16 y 18 años.

Frente a este panorama se abren dos escenarios de conflicto, uno de resolución más compleja que el otro. Por un lado, el incremento de trámites procesales que recargarán al personal de todo el Fuero Penal Juvenil, ya sea en las fiscalías, en los juzgados, ya sea en las defensorías. Los números son elocuentes al respecto: en el año 2025 la Justicia de Menores de Mar del Plata tuvo cerca de 1.200 causas, de las cuales un 40 % por ciento fueron de menores no punibles. De ese segmento, la mayoría correspondieron a adolescentes que a partir del segundo semestre serán punibles.

¿Qué significa en términos procesales? Hasta ahora, un menor no punible ingresa al sistema ante la atribución de un delito y se le toma declaración en el marco del artículo 308. El fiscal pide una medida de seguridad si es necesario, hay un control por parte de los organismos de las agencias de promoción y protección de derechos por un tiempo y la causa termina en un archivo. En cambio, con la nueva ley, el menor entre 14 y 16 deberá someterse a todo el proceso penal, con las distintas instancias: prisión preventiva, elevación a juicio, juicio, o juicio abreviado, condena, apelación, etcétera.

Hay otros expedientes que modifican la variable de cantidad de causas y que son aquellos que tienen a no punibles y mayores. Actualmente, en esos casos el Fuero Penal Juvenil solo archivaba la causa por el menor no punible y entregaba a la Justicia ordinaria al mayor. Con la nueva ley, todo se tramitará en Menores.

“Las plantas de personal no se han modernizado, así que vamos a notar un incremento, un estrés, como lo venimos detectando, bastante importante y elevado; nos espera una situación bastante complicada”, señala el fiscal Walter Martínez Soto.

Alojamiento en el “Batancito”

La ley recientemente aprobada asegura un presupuesto de este año para su puesta en vigencia de 23.700 millones de pesos y la posibilidad de que las provincias articulen con Nación para obtener recursos.

En Mar del Plata, por ejemplo, una de las mayores preocupaciones en la actualidad, incluso antes de esta reforma, es el complejo de Batán, donde son alojados en diferentes condiciones jurídicas los menores. Está el Centro Socio Educativo de Contención, Centro Especializado de Aprehensión (CEA) y el Centro Cerrado. Las plazas son exiguas: en el CEA hay solo ocho lugares para quienes deben pasar las horas iniciales tras la aprehensión; el Socioeducativo posee media docena de cupos; y el centro Cerrado puede alojar hasta 24 internos, muchos de ellos con condenas firmes.

“Si en Batán solo ingresaran menores del Departamento Judicial Mar del Plata y hasta del de Necochea, no habría problemas. Pero resulta que quienes disponen el alojamiento y traslado son personas que están en La Plata, nos derivan jóvenes del AMBA”, señala Martínez Soto.

“Acá en Mar de Plata –amplía– los fiscales somos un poco más estrictos en este punto y queremos que se obedezca nuestra decisión. Entonces, siempre hay un cupo aunque sea momentáneo como para satisfacer las necesidades nuestras en los procesos juveniles. Pero el problema es la distribución de los recursos materiales, ya que desde la Provincia creen que el de Batán es uno de los institutos a compartir, lo cual trae aparejado desigualdades en el trato, y también que jóvenes más adentrados en la experiencia delictiva la compartan con otros locales. Ha habido como una toma de experiencia por parte de los jóvenes marplatenses que no eran quizás tan temerarios en determinados delitos y que hoy lo son. Y yo creo que es por el simple hecho de haber tomado contacto con jóvenes de otros espacios, en particular del AMBA”.

El punto a favor de la promulgación de la ley es que, según su artículo 52, recién entrará en vigencia 180 días después de la publicación en el Boletín Oficial, lo que da un margen para que las provincias puedan adecuar sus recursos y, en el caso de Mar del Plata, limitar el uso del Complejo de Batán a los menores locales.