La Justicia de Garantías resolvió elevar a juicio oral una causa penal que involucra a varios policías bonaerenses acusados de integrar una asociación ilícita dentro de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas.

Según la requisitoria del fiscal general adjunto Marcos Pagella, la estructura operativa funcionó al menos desde principios de 2024 y se habría sostenido incluso luego del cambio de autoridades en mayo de ese año. La finalidad común habría sido la obtención ilegítima de beneficios económicos mediante prácticas delictivas encubiertas por funciones oficiales.

Los investigadores judiciales identificaron tres ejes centrales en el accionar delictivo: el cobro de retornos por horas “CORES” y viáticos, el apoderamiento ilegal de dinero durante allanamientos y la falsificación de actas para encubrir esas maniobras. En un operativo llevado a cabo el 6 de junio de 2024, por ejemplo, se secuestraron $623.500, pero se constató que al menos $300.000 no fueron registrados oficialmente.

La acusación incluye los delitos de asociación ilícita, defraudación al Estado, coacción, exacciones ilegales, hurto calificado y falsificación ideológica de instrumento público. La Fiscalía sostiene que estas maniobras fueron reiteradas y planificadas, y que existía un reparto sistemático del dinero obtenido de manera ilegal.

La defensa de Claudio Pontoriero, exjefe de la dependencia, solicitó el sobreseimiento del comisario y de otros tres policías —Cristian Battistessa , Débora Durand y Lucas Barreiro— argumentando que su vinculación con los hechos es exclusivamente funcional, que no hay mensajes incriminatorios en sus teléfonos y que al asumir la jefatura disolvieron el grupo operativo sospechado de conductas irregulares. También negó que existieran coacciones relacionadas con el cobro de horas CORES o viáticos, y aseguró que los libros de guardia y planillas respaldan que los efectivos cumplieron sus funciones.

No obstante, el Juzgado de Garantías rechazó la solicitud de sobreseimiento al considerar que existen elementos suficientes para mantener las imputaciones y que los hechos deben debatirse en juicio oral.

En el caso del otro exjefe, Leandro Piboleau, fue sobreseído por los delitos de asociación ilícita y hurto calificado por ser cometido por funcionario público y falsificación ideológica de instrumento público, situación similar a la de Paola Reynaldo y Carla Navarro. Sin embargo, deberán ir a juicio  por Defraudación en perjuicio de la administración pública, Exacciones ilegales y Coacción.

La causa  incluye a diez imputados y abarca seis hechos distintos cometidos en Mar del Plata entre enero y julio de 2024. Los otros procesados son Leonardo Mariño, Johnatan Aguirre y Joel Paglione.

En el proceso se reunieron múltiples pruebas: declaraciones testimoniales, informes periciales, escuchas, secuestros de dinero, teléfonos y documentación interna de la Delegación. El expediente cuenta con más de cien cuerpos y fue digitalizado a través del sistema SIMP del Ministerio Público Bonaerense.

La elevación a juicio ya fue concedida y, de no mediar nuevas presentaciones, los imputados deberán comparecer ante el tribunal para responder por los cargos en su contra. El debate oral definirá si los hechos investigados constituyen una red delictiva enquistada en una fuerza de seguridad o si, como sostiene parte de la defensa, se trata de acusaciones infundadas sin sustento probatorio sólido.