por Carlos Gonzalez Guerra

La sociedad está sorprendida. José López, un exsecretario de Obras Públicas al que la policía encontró una madrugada escondiendo bolsos, con casi nueve millones de dólares, fue condenado a seis años de prisión, la pena máxima del enriquecimiento ilícito en la legislación actual.

La pena no coincide con la gravedad del delito y el enojo de la población es comprensible.

La Comisión de expertos que redactó el proyecto de reforma del Código Penal, hoy en el Senado de la Nación, tuvo en cuenta este tipo de casos y previó un aumento de todas las escalas penales para los delitos de corrupción.

Por un lado, el nuevo texto llama las cosas por su nombre y prevé un título denominado “Delitos de Corrupción de funcionarios públicos o equivalentes”, que reúne tipos penales considerados delitos contra la administración pública, para hacer visible que son justamente casos de corrupción.

El de cohecho, pasivo y activo, el soborno trasnacional y el enriquecimiento ilícito tendrán penas sensiblemente más altas que van de los cuatro a los doce años de prisión.

Además el Código prorroga el plazo en el que los funcionarios pueden cometer el delito y deben rendir cuentas, hoy desde la fecha en que asumen el cargo hasta 2 años después del cese, con el nuevo texto el intervalo se extenderá desde la fecha de la elección popular, si la hubiera, hasta tres años después del cese.

Asimismo, en el proyecto se amplía la lista de autores del delito que hoy sólo alcanza a funcionarios públicos, y suma a todas aquellas personas obligadas por ley a presentar declaraciones juradas patrimoniales como, por ejemplo, a los titulares de las obras sociales.

En otros delitos se amplía además la responsabilidad penal de los funcionarios. En el cohecho se prevé un agravante común con pena de hasta quince años de prisión, cuando sea cometido por Presidente, Vicepresidente, Jefe de Gabinete, Ministros, Secretarios de Estado, Gobernador, Jefe de Gobierno de la Ciudad d Buenos Aires, etc.

En el peculado, se equiparan conductas, el funcionario público será castigado no solo cuando sustrae caudales o efectos que están bajo su custodia, sino también cuando no evita que otro lo haga.

Hoy, si el nuevo Código Penal fuera ley, si se cometieran estos delitos tendríamos penas mucho más gravosas con cumplimiento efectivo. Con el nuevo Código Penal de la Nación a José López le hubiera correspondido probablemente el doble de la pena: doce años.

(*): Director Nacional de Política Criminal en materia de Justicia y Legislación Penal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Miembro de la Comisión Redactor de la reforma del Código Penal.