Héctor Ricardo Monteros, uno de los líderes de la denominada “Liga de Compradores”, fue condenado hoy a 8 años de prisión y quedó detenido luego de que se conociera la sentencia.

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 consideró acreditada su responsabilidad como uno de los referentes de la organización que operó durante años en Mar del Plata para alterar el desarrollo de subastas judiciales mediante amenazas, intimidaciones y agresiones contra potenciales compradores.

El juicio había comenzado a principios de agosto y se extendió durante varias semanas. Durante el debate, el fiscal Fernando Berlingeri sostuvo la acusación contra Monteros y lo señaló como uno de los integrantes de la asociación ilícita que tenía funciones de liderazgo.

La investigación se inició hace más de 13 años y estuvo a cargo de la Fiscalía de Delitos Económicos y del Cuerpo de Ayuda Técnica a la Instrucción (CATI). Según se determinó durante el proceso, la organización funcionó al menos entre 2013 y octubre de 2018 y tenía como objetivo adquirir propiedades en remates judiciales por valores inferiores a los de mercado.

Para conseguirlo, sus integrantes recurrían a amenazas, presiones y agresiones contra personas interesadas en participar de las subastas. La estructura estaba integrada por más de 20 personas, con diferentes funciones entre quienes ejercían el liderazgo, los que simulaban ser compradores y aquellos encargados de intimidar a los competidores.

La defensa de Monteros, a cargo del abogado Javier De la Torre, había reclamado en distintas oportunidades su sobreseimiento, planteos que fueron rechazados tanto por el Tribunal como por la Cámara de Apelaciones.

Otra de las personas señaladas como integrante de la conducción de la organización, Miriam Elizabeth Lamas, no llegó a juicio oral debido a que obtuvo la suspensión del juicio a prueba.

En julio de 2025, en tanto, Julio César Consorte y Pablo del Corazón de Jesús Quiroz habían sido condenados a 3 años de prisión en suspenso luego de reconocer su participación en la asociación ilícita. Ambos fueron considerados integrantes de menor jerarquía y vinculados a las tareas de intimidación conocidas como “aprietes”.