El Tribunal en lo Criminal N° 4 dictó un veredicto condenatorio contra Ariel Schneir por el delito de malversación de caudales públicos por equiparación, tras comprobar que vendió un inmueble que tenía bajo custodia judicial.

El fallo impuso una pena de tres años y seis meses de prisión e inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos, además del pago de costas, para quien fuera en su momento el titular de la agencia de automóviles Latic.

La sentencia rechazó el planteo de la defensa que buscaba declarar prescripta la acción penal por violación del plazo razonable, pese a que el proceso se extendió durante aproximadamente 16 años. Para el tribunal, no existieron dilaciones indebidas que anularan la persecución penal, en parte debido a períodos en los que el imputado permaneció fuera del alcance de la Justicia.

La resolución judicial estableció que el 23 de junio de 2010, Ariel Walter Alberto Schneir enajenó a título oneroso una vivienda y un lote de terreno ubicados en Los Querandíes entre Yanquetruz y Caupolicán, en el Bosque Peralta Ramos. Schneir había sido designado como depositario judicial de dichos bienes el 3 de diciembre de 2004, tras ser desapoderado de los mismos en el marco de su proceso de quiebra. La aceptación del cargo, bajo juramento de ley, se formalizó el 14 de diciembre de ese mismo año ante el Juzgado Civil y Comercial N° 13.

Según consta en la sentencia, el acusado incumplió los deberes de custodia y preservación de los activos que le habían sido confiados como auxiliar de la justicia. La maniobra se concretó mediante la firma de escrituras públicas ante un notario local, vendiendo las propiedades a un tercero. Durante el debate, se probó que el imputado gestionó la operación inmobiliaria con urgencia, alegando un viaje inminente al exterior, lo que el magistrado interpretó como parte de un plan criminal para obtener provecho propio fuera de la liquidación de bienes del concurso.

La defensa técnica había solicitado la prescripción de la acción penal argumentando que el proceso excedió el plazo razonable, dado que los hechos ocurrieron en 2010. Sin embargo, el tribunal rechazó el planteo al verificar que el acusado permaneció prófugo durante ocho años. La búsqueda de paradero se inició en 2016, cuando no pudo ser notificado en su domicilio, y finalizó en 2024, cuando se constató que se encontraba privado de su libertad en la provincia de Córdoba por una condena firme relacionada con estafas reiteradas.

El veredicto también desestimó los argumentos defensivos que sostenían que la calidad de depositario había cesado por el paso del tiempo o que la venta fue posible por negligencia de los registros oficiales al no anotar las inhibiciones correspondientes. El juez subrayó que la responsabilidad de Schneir es equivalente a la de un funcionario público en la custodia de bienes y que su deber era preservar el patrimonio a favor de la masa de acreedores.

Además de la pena de tres años y seis meses de prisión, se impuso la inhabilitación absoluta para desempeñarse como funcionario público. La sentencia ordena notificar la resolución a los damnificados y, una vez que el fallo adquiera firmeza, dar intervención al Juez de Ejecución Penal para el cumplimiento efectivo del cómputo de la pena.
Schneir registra un extenso prontuario vinculado a delitos económicos. En los años noventa, lideró en Mar del Plata la concesionaria Latic S.A., firma que protagonizó un colapso financiero tras detectarse maniobras con facturación apócrifa y la venta múltiple de unidades. Por este entramado, tras huir a Estados Unidos y ser capturado por Interpol, cumplió una condena de 33 meses en el exterior y, a su regreso, recibió en 2008 otra sentencia de cinco años de prisión y ocho de inhabilitación comercial.

En 2018, volvió a ser noticia al ser detenido en Córdoba por 32 hechos de estafa relacionados con la comercialización de viviendas a través de la firma Viviendas Diamante. En esa jurisdicción, donde utilizaba el alias de Ariel González, fue sentenciado a cuatro años y ocho meses de prisión. La condena dictada ahora en Mar del Plata se suma a este itinerario de procesos judiciales que lo sitúan como uno de los estafadores con mayor actividad en la región.