La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, confirmó la existencia y actuación de una asociación ilícita que estafaba impositivamente al Estado desde el usufructo de un famoso bar de la zona de Güemes.

Los jueces Eduardo Jiménez y Alejandro Tazza respaldaron la investigación de la fiscal Laura Mazzaferri y ratificaron la imputación sobre cuatro personas que conformaban una banda -dos en calidad de jefes u organizadores y dos como miembros- a través de la cual se habría defraudado a las arcas públicas por una suma millonaria.
Para el fiscal general ante esa instancia, Daniel Adler, quedó demostrada la maniobra de constitución de personas jurídicas con personas físicas sin actividad económica manifiesta en los rubros de las empresas investigadas, y sin patrimonio acorde a ese desarrollo.

La causa se inició a partir de la denuncia realizada por AFIP-DGI por presuntas maniobras en infracción al Régimen Penal Tributario -conforme ley 24.769-, destinadas a entorpecer el accionar fiscalizador en perjuicio de la hacienda pública. Los acusados eran los responsables de las firmas comerciales “Ronny Bar” y la cadena de ropa infantil “Positivo”, quienes -de acuerdo a la hipótesis inicial que fue confirmada- utilizarían a personas físicas y jurídicas como velo detrás del cual se ocultaría un grupo de empresarios, verdaderos responsables y beneficiarios de las maniobras.

La investigación desarrollada por la fiscal Mazzaferri permitió desentramar la organización y en noviembre de 2018, el juez federal Santiago Inchausti dispuso el procesamiento de dos mujeres y dos hombres por el delito de asociación ilícita fiscal. Tras la apelación de sus abogados defensores, la Cámara confirmó el procesamiento: por lo menos desde 2006 y hasta 2014, habrían realizado distintos artilugios para cometer delitos de orden tributario y previsional.

Por otro lado, los camaristas señalaron como “pertinente” la realización de una pericia contable a fin de conocer con mayor exactitud los montos cuestionados. De esta manera, la investigación continúa su curso, más allá de los informes elaborados por personal de AFIP-DGI que dan cuenta de las irregularidades contables.