El gobierno de Carlos Arroyo sufrió ayer su tercer escándalo político en menos de 90 días de gestión: el presidente del Ente Municipal de Turismo (Emtur), Emiliano Giri, presentó la renuncia luego de haber sido detenido en el marco de una causa en la que se investiga una defraudación al Estado por 16 millones de pesos. La caída de Giri pegó de lleno en el corazón del gobierno de Arroyo. El ex funcionario era uno de los hombres fuertes de su gestión: maneja las áreas de turismo, deporte y cultura. Pero no sólo eso: más de una vez manifestó su decisión de llegar a la intendencia, lo que hasta ayer lo ponía como un firme candidato para el 2019 en caso de que Arroyo no buscara su reelección.
Giri es el tercer funcionario que se va envuelto en un escándalo desde que comenzó la gestión de Arroyo. Primero pegó el portazo el secretario de Seguridad, Julio Razona, con fuertes críticas al gobierno entrante. Y luego el presidente del Emvial, Miguel Angel Guzmán, fue echado por chocar una camioneta oficial que estaba usando con motivos privados.
El ex presidente del Emtur se alejó de sus funciones ayer a las 19.57, cuando en una carta escrita a mano le presentó su “renuncia indeclinable a Arroyo” (ver página 4). Hasta el cierre de esta edición, no se había anunciado su reemplazante.
Giri está siendo investigado por el posible delito de peculado y, en caso de ser hallado culpable, le cabría una pena de entre dos y diez años de prisión. El fiscal platense Jorge Paolini dispuso su detención por un presunto fraude que habría sido cometido entre 2012 y 2013 a través de la designación en cargos jerárquicos de personas que desconociendo su nombramiento cobraron sueldos de entre 25 y 30 mil pesos por mes.
La noticia de la detención que terminó en la salida de Giri del cargo sorprendió ayer a la mañana a la gestión municipal. Es más, provocó un profundo desconcierto que llevó a cometer un papelón. En un comunicado oficial difundido a la mañana se aseguró que Giri “se trasladó a La Plata para interiorizarse sobre una causa en la cual se lo involucra”. A esa hora, el presidente del Emtur ya estaba detenido. La duda quedará sobrevolando: ¿la gestión de Arroyo quiso protegerlo? O lo que es peor: ¿no estaba al tanto de lo que ocurrió y se enteró otra vez por los medios? (ver página 4)
La crisis tomó por sorpresa también al gobierno bonaerense. Una fuente cercana a la gobernadora María Eugenia Vidal consultada sostuvo que en el gobierno bonaerense están “muy sorprendidos” por la detención de Giri. “Nos parece muy raro todo esto. Creo que si se hubiera citado para su comparecencia ante la Justicia seguramente lo habría hecho en forma inmediata”, señaló la fuente consultada.
En tanto la oposición de la ciudad, rápida de reflejos, salió a pedir desde la mañana la renuncia de Giri apenas trascendió el escándalo. Los bloques de Acción Marplatense, el Frente Renovador y el Frente para la Victoria solicitaron su separación del cargo. (ver página 5) Unas horas después, la obtendrían: a las 19.57, en una carta escrita de puño y letra, Giri se alejó del cargo.

La causa

Giri fue detenido en el marco de una causa en la que se investigan casos de corrupción ocurridos en Astillero Río Santiago que podrían llegar a significar una defraudación al Estado de 16 millones de pesos. En ese contexto, también fueron apresados el entonces administrador del astillero, Héctor Scavuzzo; Rodolfo Elisetch, que se desempeñaba como coordinador de sueldos y jornales; Oscar Edgardo Borcerio, ex secretario de presidencia; Julio Rubén Borovik, ex gerente general; y Andrés Omar Ombrosi, ex jefe de Gabinete del Ministerio de Producción bonaerense.
La denuncia sostiene que Giri -junto al resto de los imputados- tomaba datos de personas con la excusa de afiliarlos a un partido político y luego esa información era utilizada para hacerlos ingresar como empleados del Astillero Río Santiago y cobrar sus sueldos que llegaban a 30 mil pesos.
La investigación comenzó en el 2013 en Coronel Pringles cuando una mujer fue a cobrar al banco la Asignación Universal por Hijo. La respuesta que recibió la dejó conmocionada: en la ventanilla le dijeron que ya no era beneficiaria de la ayuda social debido a que su esposo -un trabajador rural- cobraba cerca de 30 mil pesos por mes por ser empleado del Astillero Río Santiago. Ante esta situación, el matrimonio realizó la denuncia judicial y de ahí empezó a gestarse la investigación que quedó a cargo del fiscal platense, Jorge Paolini.
Con el avance de los días, los investigadores pudieron comprobar que se creaban contratos a personas que desconocían esa situación, la mayoría de las cuales eran “gente muy humilde”, muchos de ellos “indigentes y vendedores ambulantes”.
En base a toda la prueba recolectada, el 4 de junio del año pasado la Justicia allanó las oficinas de la tesorería de Astillero Río Santiago, donde efectivos de Prefectura Naval y los instructores judiciales incautaron 250 legajos de empleados que figurarían como contratados pero nunca habrían prestado funciones en el organismo. Con todo lo incautado, los investigadores concentraron la causa en 58 legajos, aunque la sospecha en ese momento era que podrían existir un total de 300 empleados que percibieron esos beneficios durante los últimos cinco años.
La investigación continuó avanzando hasta que Paolini le solicitó esta semana al juez de garantías Nº 6 de La Plata, Fernando Mateos, los pedidos de detención de todos los acusados.
Giri fue apresado por efectivos de la Coordinación Departamental de Investigaciones (CDI) ayer a la medianoche en su casa y luego fue trasladado hasta La Plata donde durante más de tres horas declaró ante el fiscal Paolini. “No tiene nada que ver ni hay un papel que lo comprometa”, declaró su abogado Héctor Granillo Fernández. (ver página 5)

La voz del fiscal

Paolini reveló ayer en diálogo con el programa de María Delia Sebastiani por LU6 que “al menos veinte personas de Mar del Plata” acusaron a Giri por tomar sus datos para afiliarlos “a la UCR o al partido autonomista de Batán”.
Además, aseguró que tiene varias “sospechas” sobre el destino que pudo tener el dinero faltante de la empresa estatal de astilleros aunque sostuvo que “poco importa si esto era caja política o si se lo llevaron dos o tres personas para la casa”.
“Personalmente me hice presente en los domicilios de esta gente. Todas las personas coincidieron en que los datos se los habían dado a Emiliano Giri. Esos datos terminaron apareciendo en el legajo”, contó Paolini sobre los orígenes de la investigación.
Pero no sólo eso: además sostuvo que los testigos “identificaron a Giri como la persona a la que entregaron sus datos personales y que luego resultaron utilizados en la maniobra”.
Según el fiscal, las testigos habían sido contactados para unirse a “la Unión Cívica Radical o el partido Autonomista de Batán a cambio de lograr una afiliación partidaria o conseguirle una ayuda social”. “Claramente no era para una contratación en Astillero Río Santiago”, puntualizó.
El fiscal confirmó que se decidió la detención de Giri durante la madrugada para garantizar el éxito del operativo y cuando le preguntaron sobre si estaba enterado el funcionario marplatense sobre el alcance de la pesquisa, dijo: “No puedo emitir opinión al respecto, entiendo que sabía de la investigación”.
De comprobarse las palabras de Paolini, el escándalo pegaría de lleno en el gobierno municipal. Arroyo realizó su campaña asegurando que iba a centrar su gestión en la honestidad. Mientras lo decía, su jefe de campaña era investigado por casos de corrupción en los que la defraudación al Estado llegaría a los 16 millones de pesos.