Por José Luis Zerillo (*)

Como ha tomado estado público, el gobierno de la provincia de Buenos Aires ha hecho a andar la maquinaria legislativa a fin de explorar las posibilidades de éxito, ante la búsqueda del adelantamiento electoral de las elecciones 2019 ya previstas para la elección a Gobernador, Legisladores, Intendentes y Concejales el 11 de agosto en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias y el 27 de octubre en las Elecciones Generales, tal como publicó tiempo atrás la justicia electoral nacional.

La conformación de una Comisión Bicameral que ha sesionado por primera vez en la ciudad de Mar del Plata y que en muy pocas semanas ha instalado la posibilidad de modificar el calendario electoral, no se condice con la agenda social que hoy se encuentra más ocupada en pensar cómo hacer para pagar los fuertes aumentos tarifarios, combatir la creciente desocupación y ganarle con su sueldo a la inflación, que en la urgencia o no, de modificar y cambiar las reglas de un proceso electoral que aún se ve lejos en el tiempo de un año que se presenta difícil.

La institucionalidad que supimos conseguir

Luego de períodos con mayor nivel de discrecionalidad en lo que respecta a las convocatorias electorales la Argentina, que acaba de cumplir 35 años de democracia ininterrumpida por primera vez en su historia como nación, fue avanzando en sanciones legislativas que le dieron previsibilidad a los sistemas electorales nacional y provinciales, convirtiéndose en un punto cúlmine sin lugar a dudas la sanción de la Ley 26.571 que, entre otras reformas, establece la creación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias. Dicha ley será un norte a seguir por las legislaturas provinciales, siendo la provincia de Bs. As. una de las primeras en adecuar su sistema electoral al nuevo sistema electoral previsto, dando con ello un marco de institucionalidad mayor al que se contaba hasta el momento.

Con tal motivo la ley provincial 14.086, votada solo cinco días después de instituida la ley nacional, establece en su art. 2 que la convocatoria a elecciones en la Provincia de Buenos Aires se llevará adelante conjuntamente con las elecciones primarias nacionales. Es decir que luego de etapas de mayor flexibilidad e imprevisibilidad, la joven democracia argentina fue encontrando la forma de darle mayor rigurosidad e institucionalidad a su cronograma electoral, estableciendo en el caso de la provincia de Buenos Aires dicho sistema mediante ley del congreso provincial.

Entendemos que la reforma de este esquema, al que se alcanzó luego de debates y consensos legislativos, se realice en un proceso electoral en marcha durante el año 2019, asesta un duro golpe a la construcción de consensos electorales que se ha venido desarrollando en los últimos años de vida democrática. Hemos dejado hace ya 45 años  las épocas en que algunos partidos políticos convalidaban la proscripción electoral de otros, como fue en el caso del peronismo y durante las últimas décadas, la Argentina de la democracia con debates intensos, ha arribado a consensos amplios al momento de reformar sus leyes electorales.

En el caso puntual, también debería desoírse la obligación legal que establece la misma ley, instituyendo que la convocatoria electoral se debe realizar de forma imperativa en un en un plazo no menor a los ciento veinte días, ni mayor de ciento cincuenta días anteriores a la fecha de realización de los comicios.

Por su parte, otra ley provincial, la 5109 en su art. 116, establece que las elecciones se llevarán a cabo en la fecha comprendida entre los treinta y los ciento veinte días anteriores a la culminación de los mandatos respectivos, fecha que coloca necesariamente a las elecciones no antes del 10 de agosto del corriente y no después de 10 de noviembre, todo lo cual se vería vulnerado con las discusiones que se iniciaron en estos días.

Respetar el entramado legal que lentamente ha ido construyendo la institucionalidad electoral en la provincia de Buenos Aires, no se condice con las apresuradas reformas que en un año electoral deberían realizarse sobre las “reglas de juego”, esto es, sobre el entramado legislativo, a realizarse precisamente en el mismo año que las mismas debieran aplicarse y a semanas de su implementación.

Gasto sobre gasto

Los problemas de los bonaerenses parecieran ser otros, particularmente en Mar del Plata, que los índices de desocupación se hayan disparado de un trimestre al otro de un 8,2% al actual 11,8%, volviéndonos a poner en la cima de las ciudades argentinas con mayor índice de desocupación, es tal vez la mayor preocupación de los y las marplatenses.

A todo ello, le podemos sumar la parálisis en la obra pública, la fuerte recesión en el mercado interno, el endeudamiento de las familias argentinas, todo amplificado por una administración municipal que ha optado por la generación de conflictos permanentes y entre otras consecuencias nos llevó un mes de retención de tareas de los empleados municipales en plena temporada de verano.

En este difícil contexto, discutir el gasto unilateral que implica el adelantamiento electoral parece por lo pronto disociado de la realidad. Entiéndase, una elección realizada conjuntamente con el gobierno nacional es una elección financiada con recursos del gobierno nacional, una elección desdoblada donde sólo se eligen autoridades provinciales, implica agregarle al gasto que realizará la nación para llevar adelante las elecciones nacionales, el gasto que llevará adelante exclusivamente la provincia de Buenos Aires para realizar las elecciones provinciales.

Varios intendentes de nuestra provincia, han estimado ese gasto electoral en 3.200 millones de pesos. Sin lugar a dudas una cifra que les preocupa ya que podría ser volcada a la compra de equipamiento que permita paliar la difícil situación que atraviesan varias municipalidades bonaerenses, en temas tan sensibles como la salud, la educación y la seguridad.

El referido informe, que ha tomado estado público en los últimos días,  nos dice que con el costo que implica desdoblar las elecciones, la provincia de Buenos Aires podría: construir 200 jardines de infantes, aumentar un 50% el presupuesto de los comedores escolares, adquirir 500 patrullas policiales, triplicar el presupuesto de las guardias de los hospitales, duplicar la inversión en agua y cloacas, triplicar la inversión en desarrollo infantil o duplicar las obras de reparación y mantenimiento de escuelas.

A modo de reflexión

No existen regímenes estancos, pétreos o indiscutibles en términos electorales ni siquiera en términos de institucionalidad. Está claro que, manteniendo el respeto de los derechos humanos y del sistema democrático de gobierno, las fuerzas políticas mayoritarias en un momento histórico determinado pueden avanzar con los consensos que permitan los cambios de mecanismos o de sistemas electorales que prefieran.

Esa no es hoy la discusión.

La madre de todas las reformas electorales de la República Argentina, fue sin duda la ley Saenz Peña, que instituyera profundas reformas como fue el voto universal, secreto y obligatorio. Dicha ley promulgada en 1912 fue recién implementada en 1916, es decir cuatro años más tarde.

Por su parte, otra ley electoral de profunda transformación, fue la ley que instituyera el voto femenino en la Argentina que fue promulgada en 1947 y recién se implementó por primera vez en 1951, es decir, también cuatro años después de su promulgación.

Más recientemente, las leyes electorales que mencionamos en este artículo fueron votadas en el 2002 (ley 5102), diciembre 2009 ( Ley 26.571) y diciembre 2009 (14.086), todas ellas en períodos donde faltaban más de año y medio para la nueva contienda electoral, con tiempo suficiente para llevar adelante el análisis de sus conveniencias o ineficacias.

Es por lo expuesto, que sostenemos que una reforma electoral desarrollada en el mes de marzo de este año, a cinco meses de las elecciones ya previstas para el 11 de Agosto, claramente no respeta nuestros mejores antecedentes de reformas electorales y antecede una discusión que lejos está de las preocupaciones cotidianas de los y las bonaerenses en este difícil comienzo del 2019.

(*) Abogado, magister, dirigente Unidad Ciudadana.