Tras el aval del Concejo, el Ejecutivo Municipal promulgó la ordenanza que regula el uso de contenedores marítimos reutilizados para la construcción de viviendas, oficinas y otros espacios habitacionales o comerciales en General Pueyrredon. 

De esta manera, la norma entró en vigencia a pesar de los cuestionamientos del Colegio de Arquitectos y del Colegio de Técnicos, que el mes pasado habían solicitado que la norma no se promulgue y sea revisada.

Tal como informó LA CAPITAL, la ordenanza considera a un contenedor como bien inmueble cuando la estructura se encuentra anclada al terreno de manera permanente y requiera el abastecimiento de servicios esenciales, como agua, electricidad, gas y cloacas. 

La instalación deberá contar con un permiso específico emitido por la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano, cumpliendo con los requisitos del Reglamento General de Construcciones y del Código de Ordenamiento Territorial. 

La única excepción corresponde a los anchos mínimos, que podrá no corresponderse con lo normado a nivel local debido a que los módulos plausibles de ser utilizados poseen un ancho interior estándar de 2,35 metros. 

Por otro lado, la ubicación de este tipo de construcciones deberá respetar la normativa de zonificación y urbanización del distrito y demás disposiciones establecidas en el Código de Ordenamiento Territorial. 

La norma también establece que los contenedores “deberán estar adecuadamente anclados para garantizar su estabilidad y seguridad”. Podrán contar con plateas, pilotes de hormigón armado u otros sistemas equivalentes que aseguren su sostenimiento.

En lo que respecta a la documentación exigida, se deberá incorporar una memoria técnico-descriptiva, suscripta por profesional responsable, que garantice el adecuado desarrollo del proyecto, el cumplimiento de las condiciones de seguridad y habitabilidad, así como también los planos y documentación gráfica correspondiente solicitada por la normativa vigente.

Cuestionamientos

A inicios de septiembre, Diego Domingorena, titular del Colegio de Arquitectos, y Diego Haag, del Colegio de Técnicos, habían solicitado al Ejecutivo que ejerciera la facultad de veto y devolviera al Legislativo la ordenanza para su revisión y reformulación integral.

Los referentes señalaron a través de un escrito que los colegios no fueron convocados a participar del tratamiento de la iniciativa ni consultados sobre sus aspectos técnicos, pese a que la ordenanza modifica condiciones del Reglamento General de Construcciones, afecta el Código de Ordenamiento Territorial e introduce nuevas responsabilidades para arquitectos, ingenieros y técnicos.

Entre los principales planteos, advirtieron sobre la excepción a los anchos mínimos de habitabilidad establecidos en el Reglamento General de Construcciones. Según explicaron, la norma toma como referencia el ancho nominal de los contenedores, sin considerar las aislaciones y terminaciones que la propia ordenanza exige y que reducen el espacio interior disponible.

A su vez, remarcaron la ausencia de un régimen de trazabilidad que permita conocer el origen, la antigüedad, el historial de cargas y el estado de conservación de los contenedores antes de incorporarlos a una construcción destinada a la permanencia de personas. 

En ese sentido, explicaron que un contenedor pudo haber transportado sustancias potencialmente peligrosas, tóxicas, corrosivas, hidrocarburos o productos químicos y que incluso sus pisos de madera pudieron haber recibido tratamientos químicos.

Por último, indicaron que la norma no precisa adecuadamente las incumbencias, la matriculación y el alcance de la responsabilidad del profesional actuante, particularmente frente a aspectos que no están bajo su control, como la fabricación y el historial de uso del contenedor.